Que siempre sí… Caro Quintero tendrá abogados privados

Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, dio marcha atrás y decidió que sean abogados privados quienes los defiendan en el juicio de extradición que enfrentará luego de que promoviera un amparo para evitar su traslado a Estados Unidos vía fast track.

Hace sólo una semana, el pasado 1 de agosto, el también llamado Narco de narcos aceptó ser defendido por un abogado de oficio, el cual le fue designado por la Defensoría Pública. Se trataba de un abogado adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales federales en el estado de México.

Este abogado de oficio defendería a Caro Quintero también en el juicio de amparo, cuya audiencia fue programada para el próximo 26 de agosto.

Sin embargo, el narcotraficante decidió dar un giro en su defensa y solicitó a un juez que revocara el nombramiento realizado anteriormente.

Foto: Cuartoscuro

Fue la jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México quien anteriormente había hecho la designación del abogado de oficio y quien ahora revocó este nombramiento.

La justicia estadounidense solicita en extradición al Narco de narcos para que enfrente 10 cargos por los cuales se le acusa, seis de ellos ligados a la tortura y asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Kiki Camarena.

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La estrategia legal de Caro Quintero ha sido amplia hasta ahora, pues además de contar con suspensiones contra una orden de aprehensión y para su extradición, recientemente solicitó la protección de la justicia para evitar seguir siendo víctima de tortura y malos tratos en el Penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Este amparo fue promovido apenas el pasado 4 de agosto, luego de que el capo se quejara de que se encuentra incomunicado, segregado, en aislamiento, además de que dijo se víctima de tormentos físicos y psicológicos.

Con este amparo le fue otorgada una suspensión con la que un juez del Estado de México ordenó a las autoridades penitenciarias girar un informe en el que se establezca el cumplimiento de las medidas de protección para el quejoso. CJG

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