La reciente ratificación que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la inhabilitación de la candidata de oposición María Corina Machado, para las elecciones de 2024 en Venezuela, no hace más que confirmar que el presidente Nicolás Maduro y la élite del poder no tienen intenciones de realizar elecciones libres, justas y transparentes, como fue acordado en Barbados en octubre de 2023, a lo que se ha sumado el encarcelamiento de líderes de oposición.
El presidente venezolano no está dispuesto a abandonar el poder, a menos que suceda algo extraordinario. No es fácil que la dictadura y su líder Maduro se desprendan del poder, no sólo por la avaricia política, subrayan especialistas, sino también por el entramado de corrupción, violación a los derechos humanos y oscuros compromisos criminales que pesan sobre sus espaldas y los hace vulnerables una vez que bajan al reino de los mortales.
Tampoco las redes criminales estarían dispuestas a tolerar un nuevo régimen político ajeno al actual, como podría ser el hipotético caso de Corina Machado, reacio a soportar poderes y vicios del pasado.
Existe una amplia literatura sobre los nexos de los grupos políticos, militares y de seguridad, al más alto nivel, con el crimen organizado venezolano. El chavismo se ha mantenido en el poder 25 años, catorce de Hugo Chávez y once de Maduro, y su permanencia conservará el poder de los criminales, que hoy no son ajenos e inciden en
los procesos electorales.
Sin pretender hacer una radiografía exhaustiva por falta de espacio en este apreciado diario Eje Central, diversas publicaciones y organizaciones especializadas, como InSight Crime, destacanla importancia del caribe venezolano para el tránsito de cocaína hacia Europa, como lo es el estado de Monagas, con significativas incautaciones de drogas (dos toneladas en 2023), que responden a la producción colombiana pero ahora también venezolana. Si bien, el gobierno venezolano ha publicitado demagógicamente un frontal ataque al crimen organizado, InSight Crime afirma que las acciones están dirigidas hacia los grupos criminales no aliados.
Algunos grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera y narcotraficante de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela, está involucrada en el tráfico de cocaína y de personas, explotación minera ilegal y contrabando, en contubernio con autoridades venezolanas.
A éste se suma el criminal grupo Tren de Aragua, sustituto del Estado en varias regiones del país, expandido a Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, dedicado a la explotación de migrantes, trata de personas, trasiego ilegal de drogas y oro, secuestros y préstamos ilegales. El magno contrabando fronterizo entre Colombia y Venezuela, que para algunos analistas ha ayudado a paliar la escasez de productos en Venezuela y evitar aún más el deterioro de la imagen de Maduro, que también afecta al sector productivo y agrícola venezolano, igualmente alimenta drásticamente la corrupción y proporciona importantes dividendos a funcionarios gubernamentales.
En este escenario de alianzas y complicidades tendrían lugar las eventuales elecciones presidenciales de 2024, mismas que no estarán exentas de la presión criminal y, más aún, un hipotético nuevo gobierno de la oposición deberá enfrentar a esta maquinaria criminal o, la trama continuará inalterada con la permanencia del chavismo, el cual ha podido agrupar a actores ilegales y legales. El panorama no parece halagüeño.
