El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha convertido en una de las instituciones más importantes para el buen funcionamiento de la democracia mexicana, pero también ha estado sujeto a un permanente asedio. Independientemente de los diversos argumentos que giran en torno al asedio, lo cierto es que las razones parecen fundamentalmente políticas, encauzadas al control institucional y temores al escrutinio público.
La situación es preocupante ante la álgida presión a la que es sometida a efecto de debilitarla. La trasparecía y el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en la Constitución, ordena que toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada por razones de seguridad nacional o interés público, pero deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Además, la Carta Magna establece que la información relativa a la vida privada y los datos personales deberán ser protegidos.
Ni los argumentos de la pandemia que recientemente afectó a México, ni razones de seguridad nacional deben ser subterfugios para exacerbar las excepciones a la transparencia.
La desafortunada frase ampliamente difundida por los medios de comunicación “es el mundo ideal”, en alusión a la falta de comisionados y de quórum para su funcionamiento, nos parece ofensiva socialmente. Parecería que estamos en una trama para volver al pasado, donde el flagelo dado a la institución puede derrumbarlo y destruirlo.
En 1990 el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, pronunció aquella famosa frase que a muchos causó escozor y en otros fue aplaudida: “México es la dictadura perfecta”, frase que para aquellos tiempos y de gobiernos autoritarios no podía pasar inadvertida. Vargas Llosa percibía un sistema de un partido político de dominación hegemónica, una libertad de expresión y medios de comunicación coartados y al servicio del Estado, un ejército servil, un sistema de seguridad público de terror y una democracia inexistente, corrupta y represora; entre triquiñuelas y presiones los tres poderes del Estado estaban prácticamente al mando de un solo hombre. En sí, con esta frase Vargas Llosa hablaba de una dictadura oculta que no se percibía en su exacta dimensión, pero que derivaba en una dictadura perfecta.
Sus detractores señalan como el principal problema del INAI un supuesto alto costo presupuestario. En 2022 alcanzó 982.9 millones de pesos, lo que representó el 0.01% del gasto total del gobierno, presupuesto más bajo al otorgado a la invisible Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Instituciones como el INAI o el Instituto Nacional Electoral (INE), siempre requerirán fondos que les permitan operar adecuadamente, ya que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y libertades en el país. Las funciones de estas instituciones no pueden ser sustituidas por dependencias gubernamentales que pongan en riesgo la imparcialidad.
El INAI, incluso, ha consolidado su liderazgo internacional y es un marco de referencia en la materia. Recientemente recibió el apoyo de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), integrada por 18 países de Iberoamérica. La Red condenó cualquier intento que menoscabe su autonomía e Independencia. El INAI ostenta las presidencias de la RTA y de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), entre otras actividades internacionales.
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