En el marco de la visita de trabajo que realizó recientemente la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, a Washington, en la que se reunió con diversos funcionarios, entre los que se encontró el secretario de Estado, Antony Blinken, se desarrolló una intensa y compleja agenda de la relación bilateral.
Entre los principales temas discutidos y tratados se consideraron el migratorio, seguridad, narcotráfico y migración, entre otros. La canciller mexicana dio una alta prioridad a la controvertida instalación de boyas en el río Bravo para contener la migración, ordenada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, tema que requiere un seguimiento permanente por ser violatorio de la soberanía y territorialidad mexicana, así como ofensivo para la dignidad y los Derechos Humanos de los migrantes.
Si bien han surgido severas críticas contra las políticas migratorias establecidas por Estados Unidos en torno a los Protocolos de Protección al Migrante, conocidos también como “Quédate en México”, que en su momento obligó a los migrantes a permanecer en México en tanto se definía su situación migratoria en Estados Unidos y, al Título 42, que propició la expulsión de migrantes en el contexto de pandemia de COVID-19, hoy la presencia de las boyas texanas constituye una alta ofensa a México.
En opinión de algunos analistas, lamentablemente dichas políticas migratorias fueron avaladas y ejecutadas sin cortapisas por el gobierno mexicano y el canciller en turno de ese entonces, dejando en indefensión a los migrantes y vulnerables al crimen organizado, muchos de los cuales aún se encuentran varados en territorio mexicano.
De acuerdo a especialistas y a declaraciones de la propia canciller Bárcena, la instalación de las boyas en el río Bravo viola los tratados de 1944 y 1970, suscritos por México y Estados Unidos, en materia fronteriza y uso y aprovechamiento de sus aguas. La canciller mexicana aseguró que parte de esta barrera de boyas se encuentra en territorio mexicano.
La secretaria Bárcena ha informado que la Cancillería mexicana ha enviado dos notas diplomáticas al gobierno estadounidense, solicitando el retiro de las boyas a la brevedad posible, en tanto que, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas, ya que su instalación en el río Bravo viola la ley federal y plantea problemas de seguridad y humanitarios a los migrantes. De hecho, al momento de escribir esta nota, la prensa ya ha reportado dos fallecimientos en la zona de las boyas, desconociéndose hasta ahora las nacionalidades.
Durante la reunión que sostuvo la secretaria Bárcena con su contraparte Antony Blinken, ambos funcionarios acordaron instalar un grupo de trabajo para encontrar una respuesta a la barrera de las boyas.
El presidente Joe Biden ha afirmado que la instalación de las boyas es ilegal, a la vez el secretario Blinken ha considerado una buena opción haber llevado el asunto a los tribunales y dejar que el proceso judicial prosiga su curso, como una forma apropiada para que se cumpla con el Estado de Derecho. Pero se desconoce el tiempo que podría durar el proceso legal impulsado por el Departamento de Justicia.
Este no es un tema menor bilateral, si bien esta situación pone en alta vulnerabilidad la seguridad de los migrantes, que ya es muy grave, también es un desafío a la territorialidad y soberanía mexicana, que requiere una respuesta expedita.
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