En el cuarto de las deliberaciones presidenciales surge la pregunta: ¿debe el presidente Enrique Peña Nieto proceder judicialmente contra Ricardo Anaya? El gobierno tiene información contundente sobre la presunta vinculación del excandidato presidencial con el lavado de dinero a través de propiedades inmobiliarias en Querétaro, donde figuran también como presuntos responsables su esposa y su suegro. Dicen los enterados que el gobierno tenía la información desde dos meses antes de la elección, pero ya no se consideró prudente divulgarla. Ahora, la decisión está en las manos de don Enrique, a quien varios de sus consejeros más cercanos le están sugiriendo que no actúe, que entregue la documentación al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador y que sean ellos quienes decidan si actúan penalmente o no.