Las personas indígenas tienen más posibilidades de ser víctimas de violencia y discriminación institucional en México que cualquier otro grupo poblacional, así lo demuestran dos reportes publicados por diferentes organizaciones de Derechos Humanos que documentaron diversos casos de abuso de poder contra estas comunidades.
Una serie de documentos analizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) revelaron que la Fiscalía Indígena de Justicia de Chiapas (FIJC) es la principal responsable de criminalizar la defensa y promoción de DDHH entre personas que pertenecen a pueblos originarios.
Las organizaciones aseguran que “el sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos”.
El pronunciamiento de estas dos organizaciones asegura que las agresiones de las autoridades de la FIJC en contra de los defensores de estas comunidades se traduce en actos de tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos específicos que desestabilizan uno de los territorios socialmente más complejos de todo el país.
De hecho, los documentos prueban que la mayoría de los asesinatos en estas comunidades son “actos vinculados con autoridades gubernamentales” y agrega que “actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano lo que demuestra que durante el gobierno en turno hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial”.
Pero esta violencia no se limita a Chiapas, la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI por sus siglas en inglés) publicó esta mañana un reporte sobre 16 casos de violaciones de libertades humanas contra comunidades originarias que ejemplifican un “patrón de criminalización e impunidad estatal” en México.
Estos casos de violencia contra comunidades indígenas se documentaron en Chihuahua, Sonora, Michoacán, Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, e incluso existe un relato de personas procedentes de Laguna Larga en Guatemala, que actualmente viven en un campamento en la frontera sur en donde se les ha negado alimentos y medicinas.
Los datos de IPRI puntualizan que los gobiernos estatales son responsables del 40% de las agresiones reportadas contra estas comunidades, mientras que las empresas, particulares con poco poder y actores comunitarios se reparten de manera equitativa el resto de este porcentaje.
Entre las principales agresiones que se han documentado contra los pueblos originarios se encuentra la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica, el despojo de territorio, la criminalización basada en raza y la violación a los derechos de conocimiento previo, libre e informado en casos de consultas gubernamentales locales o federales.
Señalamientos. Las organizaciones manifestaron su preocupación por las agresiones, persecuciones, asesinatos y diferentes tipos de violencia contra defensores y periodistas en Chiapas y el país.
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