Si bien el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que una de sus prioridades es proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, la comunidad Yaqui ha vuelto a denunciar abusos de autoridad y discriminación por parte de directivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
A través de una carta la Santa Iglesia del pueblo de Potam y la tropa Yoremia mostraron su rechazo a la forma de actuar de los representantes de dicho organismo perteneciente al gobierno federal. Ambas organizaciones de la segunda cabecera de la Nación Yaqui aseguraron que los indígenas de la comunidad son objeto de “discriminación, hostigamiento, abuso de poder y mala fe”.
En este sentido, recalcaron que los directivos del INPI violentan los derechos humanos, fomentan la corrupción, la confrontación, la mentira, el miedo, el odio y el desequilibrio de la vida interna en el pueblo Yaqui.
Como ejemplo, recordaron el decreto publicado el pasado 29 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se aprueba el Distrito de Riego 018 y al cual se siguen oponiéndose como pueblo. Advirtieron que esta obra hidráulica, conocida como Acueducto Independencia, provoca “un daño ecológico irreversible al ecosistema del Río Yaqui”, lo cual será padecido por la presente y futuras generaciones, remarcaron.
Al respecto, los integrantes de la tribu Yaqui acusó a los gobiernos de Sonora y federal por atentar contra sus bienestar y derechos, toda vez que ambos han litigado sin importar que con ello se atente contra sus intereses. Refirieron que, ante esta situación, han tenido que recurrir a interponer amparos con la finalidad de dejar sin efectos el decreto referido, el cual, añadieron, viola la ley y la Constitución.
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Advirtieron que los representantes yaquis (autoridades tradicionales) fueron víctimas de engañados y sobornos para que firmaran los documentos con los cuales aceptaron la implementación de una consulta indígena con la cual se aceptó la obra. No obstante, la forma en la que se hizo este proceso fue “violando todos nuestros derechos humanos y defraudando la buena fe que el pueblo yaqui depositó en ellos”.
En la misiva, dirigida a la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), gobierno de Sonora, gobierno federal, autoridades tradicionales de los ocho pueblos de la Nación Yaqui, ciudadanos mexicanos y opinión pública, los firmantes reconocieron la “buena fe” y “buena voluntad”, las cuales, señalaron, quedaron de manifiesto en el Plan de Justicia para la Nación Yaqui, sin embargo, lo exhortaron a atender los abusos que denunciaron nuevamente ene sta oportunidad. GA
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