SEP, extrañas prioridades

En medio de una de las situaciones más complejas que ha enfrentado la SEP en su historia, como consecuencia de la pandemia, la dependencia requiere de una estrategia con una estrecha coordinación con las autoridades estatales para planear un regreso seguro a las aulas y enfrentar el enorme rezago académico acumulado en estos meses. En su lugar, decide llevar a cabo una reforma a los libros de texto gratuitos con un planteamiento que desde ahora se percibe apresurado, improvisado y con altas posibilidades de generar división con los estados.

¿Por qué y para qué ahora el cambio en los textos? ¿Vale la pena poner en riesgo las tareas urgentes? ¿Es una decisión que forma parte de una estrategia más amplia o simplemente es la idea de un funcionario al que nadie ha querido contradecir?

El reto educativo hoy en día es mayúsculo. El primero es la asistencia escolar: en marzo de 2020 el Censo del INEGI contabilizó que 5,316,787 personas de entre 3 y 17 años no asistían a la escuela en el país. En noviembre y diciembre de ese mismo año, el propio instituto levantó una nueva encuesta (COVID – ED) que señaló que 2.3 millones de personas de entre 3 y 29 años dejaron de inscribirse al ciclo 2020 – 2021 por causas relacionadas con la contingencia sanitaria. Y por si ello no fuera suficiente, cada estado cuenta por decenas (o centenas) de miles a los estudiantes que, aunque formalmente inscritos, se han desvinculado de las actividades académicas y cuyos docentes carecen de elementos para darles una calificación con la que aspiren a acreditar el grado.

Otro reto monumental es el aprendizaje. Las circunstancias han obligado a los docentes a hacer esfuerzos extraordinarios simplemente para que los estudiantes tengan acceso a los contenidos más elementales de los programas educativos. La estrategia federal de las clases por televisión y radio era necesaria, pero resulta insuficiente al no estar complementada por otras acciones de apoyo a docentes y alumnos. Por otra parte, se ha emprendido una reasignación mayor del gasto que disminuyó o eliminó la gran mayoría de rubros que sirven como herramientas para mejorar la calidad, tales como los programas para la formación y capacitación docente, los apoyos a la gestión escolar, las acciones para ampliar la jornada escolar y los subsidios a escuelas indígenas, comunitarias y para adultos. Hay más problemas y menos herramientas para resolverlo.

Ante uno de los escenarios más complejos en los cien años de historia de la Secretaría de Educación Pública, el nuevo equipo directivo tendría que enfocar sus mayores esfuerzos a la recuperación de los estudiantes desvinculados de la escuela, a la generación de condiciones para el regreso seguro a clases y a la nivelación académica de los estudiantes. Sin directrices claras en esos rubros ha decidido, en cambio, emprender una reforma a los libros de texto gratuitos que reciben todos los estudiantes de educación básica. Se advierten beneficios inciertos y serios riesgos en lo educativo y en lo político.

El dato. Un cambio apresurado en los libros de texto perjudicará en mayor medida a los estudiantes de bajos recursos.

En lo educativo, no parece fácil que los nuevos libros vayan a ser mejores que los actuales. La modificación propuesta inició hace apenas unas semanas y la SEP ha anunciado que habrá nuevos libros para agosto. La combinación de factores no ofrece los mejores augurios: no hay una redefinición previa de los programas educativos, no se consideran los tiempos ni los recursos necesarios para una tarea de esa magnitud, no se prevén los procesos normalmente utilizados para asegurar su calidad (error cometido en la evaluación docente de desempeño de 2013, que ahora se repite), y el proceso está a cargo de funcionarios que tienen apenas algunas semanas de experiencia en la SEP. Y si los libros tienen una calidad inferior a los anteriores, los más afectados serán, como siempre, los estudiantes de las clases más bajas. Son ellos quienes dependen casi enteramente de los textos oficiales, en tanto que las clases medias y altas cuentan con otros materiales que pueden compensar las deficiencias de aquellos. Y entonces crecería aún más la brecha de aprendizajes.

Pero lo más extraño es que la SEP cometa lo que parece un enorme error político. Primero, por el momento que se ha elegido: en un tiempo en que la autoridad federal necesita acercarse a los estados, hace algo que apunta a dividir y polarizar. Los libros de texto son una de las acciones que más consenso logran en este país: incorporar contenidos que no mantengan ese consenso abrirá un nuevo frente entre autoridades estatales y federales y entre los diversos actores de toda la estructura educativa. La dependencia se pone a restar y dividir en momentos en que nos urge sumar y multiplicar.

Segundo, es un error porque si no hay consensos, los libros habrán de ser cambiados nuevamente muy pronto. El gobierno que inicie en 2024 querrá construir acuerdos con los estados, brazos operativos del sistema educativo, y tendrá que ajustar los contenidos. Si la actual administración llegara a alterar los equilibrios actuales, éstos habrán de recuperarse pronto. Sin ganar algo valioso en lo ideológico, se perderá capacidad operativa en el corto plazo.

Tercero, si no se logra un trabajo que claramente mejore lo actual, el error podría convertirse en un símbolo negativo de la actual administración: el triunfo histórico en 2018, que en lo educativo revirtió y eliminó acciones de administraciones anteriores, fallaría en su propósito de favorecer la equidad y de generar condiciones para que los menos favorecidos tengan mejores oportunidades. Y seguiría en la ruta de hacer cosas meramente simbólicas, en vez de poner en operación políticas educativas eficaces. En suma, hay poco que ganar y mucho, muchísimo que perder.

Con todo lo anterior, cabe preguntar: ¿Hay alguna estrategia más amplia de la cual este cambio en los textos sea parte? ¿Por qué esta acción no se menciona en el Programa Sectorial 2020 – 2024, y por qué se inició hasta ahora? Y si se modifican los textos, ¿Se modificarán después los planes y programas?

Tiempos extras

La SEP debe ofrecer una visión clara de lo que desea que ocurra en los próximos meses, y de los apoyos de cualquier tipo que va a ofrecer a estados, escuelas, docentes y alumnos en esos procesos. De no hacerlo, cada quien comenzará a tomar decisiones y la Secretaría diluiría su autoridad y capacidad de acción. Necesitamos, como pocas veces, a una autoridad educativa presente, incluyente, congruente y actuante.