El proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública va por reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 27 artículos, donde se prevé la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar, la reestructuración de Gobernación, entre otros movimientos, antes del inicio de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador.
Los cambios se esperan en los artículos 4o., 6o., 8o., 14, 16, 17 Bis., 17 Ter, 20, 26, 27, 28, 29, 30 Bis, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 Bis, 43 y 43 Bis.
Desde el pasado 30 de octubre, la Comisión de Gobernación y Población del Senado se declaró en reunión permanente con el objetivo de trazar la ruta para el análisis y dictamen de las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El objetivo es que las nuevas disposiciones estén listas antes de la primera quincena de noviembre y publicarlas previo al inicio del mandato del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En el documento se señala que a partir del 1 de diciembre, la Secretaría de Gobernación será reestructurada solamente en tres subsecretarías: Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; Derechos Humanos, Migración y Población; y Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos.
La Secretaría de Desarrollo Social, cambiara a Secretaría de Bienestar, y se busca sus facultades serán incrementadas para participar en la políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales del desarrollo de los pueblos indígenas, así como “ coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural, entre otras”.
En el documento se puede leer que a la Secretaría de Educación Pública se le otorgan competencias “para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a otro bienes sociales, por lo que se deroga la evaluación punitiva”.
El proyecto señala que a partir de la entrada en vigor del Decreto, Liconsa, S.A. de C.V. y Diconsa, S.A. de C.V, quedarán sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Vivienda a la SEDATU.
Sin embargo, este punto va contra lo adelantado por el presidente electo, debido a que en agosto pasado Seguridad Alimentaria Mexicana absorbería a ambas. RB
