Proteger identidad, “prioridad del Estado”

Las instituciones del Estado y del sistema financiero tienen que hacer de la protección de la identidad una prioridad, porque la suplantación es un problema real creciente y grave, aseguró este jueves el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

Ante la amenaza que significa el robo de identidad para las personas y las familias, las instituciones del Estado tienen una responsabilidad y hoy es alentador que se establecen las bases para un trabajo coordinado en favor de la protección de los datos personales en el sistema financiero mexicano, expuso el funcionario.

En la firma de las bases de colaboración para Inhibir la Suplantación de Identidad a través del sistema financiero, señaló que el robo de identidad es un fenómeno dinámico, por lo que se tiene que estar a la altura de este reto.

Al señalar que la firma es un hecho alentador, pero sólo es el principio, adelantó que se trabajará no sólo con las instancias representadas en estas bases de cooperación, sino también con otras entidades de los sectores público y privados que participan en este proceso.

Lo anterior, añadió, para generar una verdadera cultura de libertad y transparencia que fomente el comercio y la innovación, pero que proteja el derecho fundamental de la identidad.

A continuación reproducimos el mensaje íntegro del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, durante la “Firma de Bases de Colaboración para Inhibir la Suplantación de Identidad a través del Sistema Financiero en México”, realizada en el Salón Panamericano del Palacio Nacional. Los efectos de la era del conocimiento han impactado de múltiples maneras la convivencia cotidiana, a las organizaciones de la sociedad y a las instituciones del Estado mexicano. Por una parte, es indudable que la informática, así como las tecnologías de la información y la comunicación han favorecido el envío, almacenamiento y masificación de datos. Con estas herramientas, la economía y los mercados se han transformado y las personas pueden acceder a múltiples servicios y bienes. Diariamente, en el ciberespacio se realizan millones de transacciones para gestionar trámites personales y adquirir e incluso ofrecer diversos productos que implican que los ciudadanos proporcionen sus datos personales por estas vías, y el desarrollo de la tecnología ha facilitado que la reproducción de documentos se utilice también desafortunadamente con fines ilícitos. Por otra parte, dicha facilidad para acceder, almacenar y reproducir información personal sin el consentimiento de los titulares de la misma, de las personas morales y de las instituciones, ha provocado nuevos desafíos para las autoridades y para los particulares que concentran bases de datos personales, en particular las del sector financiero, en el afán de garantizar la autenticidad de documentos y de las personas que se presentan y solicitan diversos servicios. Permítanme decirlo de esta manera, en la era de la información la protección de los datos personales y evitar su uso indebido se ha convertido en uno de los mayores retos de las instituciones, autoridades y empresas, de ahí que las autoridades e instituciones del Estado mexicano, así como las organizaciones financieras del país, han tenido que modificar sus procedimientos de control-hemos tenido que modificar nuestros procedimientos de control- el blindaje de las bases de datos de las que somos depositarios y la normatividad que las regula, con la finalidad de salvaguardar la información que poseemos de clientes, beneficiarios, ciudadanos, proveedores, etcétera. Pero la protección de los datos personales no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones y autoridades; los ciudadanos también están obligados a modificar sus prácticas y analizar cuidadosamente a quienes entregan su información personal y cómo la entregan. Ese es el sentido en gran medida del convenio que suscribimos, de las bases de colaboración que suscribimos el día de hoy. Las autoridades e instituciones estamos conformando un bloque para cerrar el paso al mal uso de los datos personales y evitar la suplantación de identidad que se ha estado realizando con fines ilícitos y que está afectando la tranquilidad, la honorabilidad, y particularmente, el patrimonio de las personas involucradas. Para lograr este ambicioso objetivo, cada una de las partes firmantes de las bases, estamos comprometiéndonos a realizar acciones conforme a los diferentes ámbitos de competencia de los organismos que representamos para asesorar, proteger, defender los derechos de los usuarios, capacitarlos en nuevas prácticas y difundir información que auxilie a las personas a la mejor defensa de sus intereses. En este convenio, el Instituto Nacional Electoral, en particular se compromete en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica a difundir información y materiales explicativos sobre la suplantación de identidad para que la población esté atenta, y en su caso, tenga los conocimientos necesarios, la claridad de las rutas para transitar para defender sus derechos. También nos comprometemos a contribuir a instrumentar acciones preventivas que eviten la usurpación de identidad. A establecer mecanismos que respetando escrupulosamente la secrecía de la información que hemos recibido de los ciudadanos, permita a las partes que suscriben este convenio validar las credenciales para votar que se utilicen como medios de identificación ante sus agremiados y afiliados. La participación del INE, que agradecemos y creemos importantísima para poder dar cauce a estas bases de colaboración, parte del hecho de que somos depositarios de una de las bases de datos más importantes del Estado mexicano, concentradas en el Padrón Electoral. Estamos hablando de más de 85 millones de registros que incluyen información biométrica de los ciudadanos con un altísimo grado de actualización, de cobertura y de verificación. Y además es una base de la que se desprende la que por la vía de los hechos todavía al amparo de un transitorio de la Ley General de Población de 1992, constituye el mecanismo de identidad fundamental de las y los ciudadanos mexicanos desde hace 10 días no sólo en México, sino a través de la credencialización en el extranjero también de los connacionales que se encuentran fuera de nuestro país. Esa base de datos cuya garantía en términos del resguardo de la información personal que contiene está, incluso, validada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, constituye la base de sobre la cual a partir de este convenio de colaboración detonaremos mecanismos de validación que significan no la entrega de la información, sino simple y sencillamente la confirmación de que las credenciales que se presenten como mecanismo de identidad existen, son válidas, y que las personas que las utilizan son precisamente quienes se registraron ante las bases de datos del Instituto. Adicionalmente, estamos asumiendo el compromiso de incluir en nuestros programas de educación cívica, y con un enfoque de mediano y largo plazo información que facilite a los ciudadanos estar alerta, así como identificar y evitar las formas y medios que se utilizan para la suplantación de identidad. El INE está y estará comprometido por mandato legal, pero también por convicción, y sin excesos que entorpezcan la convivencia cotidiana, a la protección de los datos personales de cada una y uno de los ciudadanos que confiaron en la autoridad electoral para inscribirse en el Padrón Electoral y actualizar sus datos, y con ello poder ejercer, repito, no sólo sus derechos políticos sino también su derecho a la identidad. La protección de datos personales es un compromiso inalterable del Instituto Nacional Electoral y una prioridad de quienes integramos el Consejo General. El INE es una institución que se ha adaptado exitosamente a los diferentes desafíos que se le han presentado desde el periodo de la transición a la democracia y la protección del derecho a la identidad, es uno de los nuevos retos que seguiremos atendiendo con responsabilidad y tecnología, ahora también en el marco de estas bases de colaboración que suscribimos.