Proponen prescripción en caso Pío López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO, 21AGOSTO2020.- Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, se ha visto envuelto en el escándalo tras aparecer en un video donde recibe dinero de parte de David León Romero, titular de la Coordinación Nacional Protección Civil, y que sería el encargado de la nueva empresa distribuidora de medicamentos y equipos médicos del Estado. Ante esto, el presidente declaró que el dinero entregado eran aportaciones para el gobierno y no corrupción. Ante la situación, el León Romero no ocupará el cargo previsto. FOTO: ARCHIVO /IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM
/Iván Stephens/Iván Stephens
El proyecto presentado por el magistrado Vargas Valdez plantea redimir al hermano del presidente toda vez que los delitos ya prescribieron
Luego de 10 meses de investigación en el caso del videoescándalo donde a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ve presuntamente recibir dinero en efectivo, el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propondría exonerarlo.
Mañana en punto de las 12:30 horas la Sala Superior discutirá el asunto SUP-RAP-105/2020 a cargo de Vargas Valdés, el cual propone no admitir las denuncias vinculadas al caso por considerar que los presuntos delitos ya prescribieron, de acuerdo con Milenio.
En agosto del 2020 a través del medio Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola difundió un video en el que se ve al hermano del presidente presuntamente recibir dinero en efectivo de David León Romero. Los hechos habrían ocurrido en 2015, mientras Pío López Obrador era operador político de Morena y León Romero era asesor de comunicación del gobernador de Chiapas en ese momento, Manuel Velasco.
Posteriormente el presidente López Obrador reconoció la autenticidad del material y señaló que se trataban de “aportaciones ciudadanas” a Morena, movimiento que entonces lideraba. Sin embargo, los partidos de oposición y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) abrieron investigaciones sobre el videoescándalo.
Específicamente la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto abrió diversos procedimientos contenidos en los expedientes INE/Q-COF-UTF/13/2020, INE/Q-COF-UTF/14/2020 y INE/Q-COF-UTF/15/2020, que ahora el proyecto de Vargas Valdez buscaría desechar argumentando prescripción.
Anteriormente el Tribunal ya había discutido asuntos vinculados al caso. En noviembre de 2020 contrario al proyecto propuesto, se ordenó desechar la queja de Pío López Obrador y permitir a la autoridad electoral continuar con la indagatoria. Mientras que en mayo de este año se desechó una nueva impugnación por duplicidad.
Como parte de las investigaciones, en agosto de este año el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto informó que ya entregó información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales sobre el caso del hermano del presidente.
La legislación mexicana establece que los delitos electorales tienen un tiempo de prescripción de tres años, por lo que si los videos datan del 2015, el plazo máximo para comenzar a judicializarlos habría sido el 2018.
