El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión la desaparición de siete instituciones autónomas que él considera que desmantelaron el Estado de Bienestar, privatizaron el derecho público, son subordinados de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, limitan el sistema presidencial, son onerosas y responden a criterios neoliberales.
Con su iniciativa de reforma constitucional busca la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), este último creado durante su gobierno.
López Obrador argumenta que las facultades de los órganos autónomos pueden asumirlas las instituciones de la Administración Pública Centralizada.
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Las obligaciones de protección al derecho a la información y de datos personales que actualmente tiene el INAI estarían a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Sin embargo, como el INAI abarca el derecho a la información, transparencia y protección de datos personales de todos los Poderes, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, otros autónomos y personas físicas y morales que ejercen recursos públicos, la iniciativa plantea que la SFP se encargue sólo de la información que concierne a la Administración Pública Federal como es el caso de las secretarías de Estado y la Presidencia de la República.
La tutela del derecho a la información del Poder Judicial, el Poder Legislativo y otros organismos autónomos estarían a cargo de sus respectivos órganos de control o contralorías; de los partidos políticos se encargaría el Instituto Nacional Electoral, y de los sindicatos se haría cargo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
“En lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal”, dice la iniciativa.
Las facultades que tiene la Cofece pasarían a la Secretaría de Economía; las de el IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de la CRE y la CNH quedarían en manos de la Secretaría de Energía, mientras que las atribuciones de la Mejoredu se trasladarían a la Secretaría de Educación Pública.
Asimismo, las obligaciones del Coneval, como es la medición de la pobreza, pasarían al INEGI.
Además, López Obrador considera que la desaparición de órganos reguladores no viola el T-MEC porque se garantizará la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, se mantendrá la regulación asimétrica de los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia y se otorgará la posibilidad de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias.
Los recursos, al Fondo de Pensiones para el Bienestar
El artículo tercero transitorio de la iniciativa presidencial promueve que los ahorros que se generen con la extinción de las siete instituciones autónomas se destinen a un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De acuerdo con la justificación de la propuesta, desde su creación a la fecha, los siete autónomos han costado 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos.
“Con el propósito de tener una perspectiva clara de la problemática, el presupuesto total otorgado a los organismos anteriormente señalados, de 2018 a 2024, equivale a 5 millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”, dice.
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