Lo último del caso PriceWaterhouseCoopers, que en las últimas semanas lo hemos mantenido al tanto en estas trastiendas, es que la Secretaría de la Función Pública que dirige Irma Eréndira Sandoval, solicitó a la Procuraduría Fiscal de la Federación le informe cuántos recursos de revocación han interpuesto, cuántas reconsideraciones, confirmaciones de criterios, así como asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y amparos.
Dicen los que saben que con estos elementos la SFP contará con una cifra del daño al fisco, para determinar la sanción correspondiente, la cual aseguran será muy cuantiosa.
Todo esto comenzó porque la consultora integró como su socio a Luis Arturo Castañeda, exdirector a la Secretaría de Hacienda, y contra quien se espera también una sanción.