Por medio de intervención de sus comunicaciones, los gobiernos están arrestando y poniendo bajo custodia a los activistas antes de que siquiera realicen una protesta. Pero esto no está ocurriendo en países considerados represores, sino en Alemania y Francia. Una investigación, publicada en Reuters, detalla que estas naciones están invocando los poderes legales que a menudo se utilizan contra el crimen organizado y los grupos extremistas para realizar escuchas telefónicas y rastrear a los activistas.
En Alemania, las fuerzas de seguridad se han enfocado en los grupos Letzte Generation y Extinction Rebellion, y frecuentemente usan la detención preventiva para evitar que la gente proteste por una variedad de temas que van desde los permisos para seguir extrayendo petróleo hasta la deforestación.
Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron autorizó el uso de una unidad antiterrorista para interrogar a algunos activistas climáticos, con el fin de detener sus concentraciones y protestas.
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Ambas naciones coinciden en que dichas medidas obedecen a la necesidad de “prevenir acciones criminales dañinas”. En el caso de Alemania, no se tiene una política nacional dirigida a los activistas climáticos, mientras que Francia aseguró que lo que se busca es “evitar la radicalización”. Por este mismo motivo, y según una fuente citada por Reuters, “los servicios de inteligencia de toda Europa cooperaron para monitorear los planes y actividades de los manifestantes”.
Cabe recordar que hasta hace algunos años, las actividades de los grupos defensores del medio ambiente incluían otras estrategias de protesta, y es hasta hace poco que comenzaron con la desobediencia civil. En su defensa, los activistas recalcan que el desacato de las normas sociales y otras acciones han formado parte de otros importantes movimientos, como la lucha por el voto para las mujeres y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
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