La falta de regulación en los penales federales de asociación público-privada, y las omisiones en las que han incurrido tanto el Estado como la iniciativa privada han generado diversas situaciones que vulneran los derechos de las personas privadas de su libertad, así como de sus propias familias.
De acuerdo con el informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que elaboraron las organizaciones México Evalúa y Documenta A.C.,a una década de la puesta en marcha de los Cefereso CPS (Contratos de Prestación de Servicios) se identifica “la persistencia de situaciones que vulneran los derechos humanos de las personas”, aunado a que tampoco se cuenta con un mecanismo de vigilancia y monitoreo del desempeño de estas asociaciones en el sector penitenciario.
Dentro de las deficiencias y violaciones que prevalecen en las prisiones privadas debido a las omisiones del Estado mexicano recae en el hecho en que los familiares de las personas privadas de su libertad incurren en “gastos extraordinarios” para mantener a sus familiares.
Uno de los hallazgos consiste en que cerca de cuatro de cada cinco pesos gastados en 2020 por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) se destinaron al pago de servicios provistos por otras entidades, “desdibujando la participación del Estado cuya responsabilidad exclusiva es el sistema penitenciario”, indica el informe.
