Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron por unanimidad que en 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no incurrió en financiamiento paralelo ni en compra y coacción del voto con tarjetas Monex.
La madrugada de este jueves resolvieron los recursos inrterpuestos por PRD y PAN sobre sobre el presunto empleo ilegal de esas tarjetas durante las campañas de ese año.
Así, dos años después los magistrados confirmaron la resolución emitida por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que estableció que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados a través de tarjetas Monex, ni tampoco destino ilícito pues no se acreditó que éstas se hubieran empleado para compra y coacción del voto. También determinó que eran gastos ordinarios y sujetos a revisión dentro del informe anual del PRI, y no se contabilizaron como gastos de campaña.
Además, la Sala Superior del TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que reúna la información necesaria para determinar qué tipo de gasto representan los 6 millones 809 mil 718 pesos erogados por el Revolucionario Instituciona, en fecha posterior a la jornada comicial, a través de las tarjetas Monex Recompensa, que distribuyó en personal eventual que contrató con motivo del Proceso Electoral Federal 2011-2012 y sus representantes en los procesos locales del Distrito Federal y Jalisco.
Según la sentencia, de 2012 y hasta el 27 de junio periodo de la campaña, “se erogaron 50 millones 508 mil 891 pesos (de las tarjetas), cantidad que la autoridad responsable determinó correspondían y debían contabilizarse como gastos de campaña.
Después del 3 de julio de 2012, la suma total gastada se elevó a 57 millones 318 mil 609 pesos.
Ahora deberá valorar si algunos de esos gastos deben reclasificarse en campañas del proceso electoral federal o comicios locales del Distrito federal o Jalisco, en donde el PRI admitió haber pagado también estructuras electorales con Monex.
De acuerdo a la sentencia se acreditó que el PRI, a través de un intermediario -Monex- contrató el servicio de dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas Monex, en las que depositó y distribuyó los 66.3 millones de pesos, solicitados de un crédito con la empresa Atama.
Sin embargo ese tipo de contratos no están prohibidos para los partidos y se tuvo acceso a los recibos que acreditan que el PRI pagó con sus recursos, es decir, no habría obtenido una aportación privada de empresa mercantil, lo que está prohibido en la ley, establecieron.
