La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abiertas 19 indagatorias al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presuntos financiamientos ilícitos a sus campañas electorales, que podrían proceder de gobiernos locales y de la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con información publicada por Reforma, hasta el pasado 7 de diciembre, el organismo electoral investiga 19 casos sobre los recursos recibidos y ejercidos por el tricolor, pues se desconoce su origen y destino. Entre los expedientes, se encuentra la acusación por el desvío de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua hacia el PRI durante la administración de César Duarte en la entidad; así como gastos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, financiamientos a campañas y a sus delegaciones en el Estado de México, Zacatecas, Veracruz, Colima, Coahuila y Baja California. Asimismo, Reforma dio a conocer que el INE indaga la retención de cuotas a 800 empleados estatales por 100 millones de pesos, y los contratos sobre obras de remodelación y construcción a edificios del tricolor, cuyo caso está relacionado con Pedro Mauli Romero, extesorero del partido en Chihuahua y detenido por peculado electoral. Por otra parte, se investigan las denuncias por el posible financiamiento ilegal de Odebrecht, empresa que presuntamente dio pagos de más de tres millones de dólares a empresas vinculadas a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Según el periódico Reforma, la Unidad Técnica de Fiscalización trabaja en la investigación del convenio pactado por el PRI y el proveedor Servicios Integrales de Aviación, con el que ampara erogaciones por 10.7 millones de pesos, la condonación de 28.8 millones y de 17.2 millones de intereses moratorios. Además, revisa 52 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al no estar registradas por el PRI, 9.7 millones de dinero presuntamente ilícito que recibió en Baja California, transferencias de dependencias de Zacatecas, depósitos a empleados en Veracruz y retenciones de nómina a trabajadores de Frontera, en Coahuila, a fin de redireccionarlos al partido. Por último, el citado medio detalló que hay otros cinco procedimientos oficiosos para analizar supuestas irregularidades financieras por parte de la Fundación Colosio. (Con información de Reforma). KT/EC