Presiona Mitsubishi a México por mayores beneficios de sal

Entre la opacidad e irregularidades, Exportadora de Sal (ESSA) acumula tres principales problemas y todos graves.

Es una de las principales empresas productivas del Estado, pero sus ganancias son muy limitadas porque continúa otorgando beneficios a Mitsubishi; su director acumula contratos posiblemente ilícitos, y conserva un Consejo de Administración que, desde 2013, la Auditoría Superior de la Federación recomendó fuera renovado ante el cúmulo de omisiones y anomalías que no denunció, y cuyos efectos ahora sirven como catapulta para presionar a la recién llegada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y peor aún, poner en jaque las arcas y productividad de la paraestatal.

Así, en esta entidad pública los postulados de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar, no los aplica el director general de la empresa productiva, Antonio Avilés Rocha, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según revelan documentos consultados por ejecentral.

Evidencia de esta situación resulta una de las últimas decisiones, a propuesta de Avilés Rocha, que fue aprobada por el Consejo de Administración de ESSA el 16 de diciembre pasado, que sin argumentos redujo el precio de la sal en favor de Mitsubishi, propietario minoritario de esta empresa, y en detrimento de los ingresos del Estado mexicano.

El abanico de posibles anomalías incluye también: la venta de sal por parte de Exportadora a familiares y cercanos del director mediante la alteración de facturas; el huachicoleo en el diésel que utilizan los vehículos que transportan la sal, en contraste con la caída en la producción de esta, equivalente a más de 20 millones de pesos sin justificar.

Entre las compras por adjudicación directa y sin justificar más recientes se incluye un buque remolcador usado y obsoleto, construido en 2004.

El director de ESSA autorizó que la proveedora fuera una de las empresas consentidas de su primo Antonio Rocha Núñez, exgerente de Adquisiciones de ESSA. El valor de la operación, un millón 750 mil dólares, de ellos 66% (500 mil dólares) se destinaron solamente para remolcarlo desde Singapur.

Esta y otras presuntas irregularidades de las que han quedado constancia en documentos a los que ejecentral tuvo acceso, sólo representan la punta de la madeja por deshilvanar; porque el plan del consorcio japonés, que cuenta con 49% de las acciones de Exportadora, es imponer varias condiciones en favor de ellos, pretendió una mayor participación en la toma de decisiones, pero sin asumir las consecuencias adversas que estas pudieran generarse en contra de la empresa, según consta en información recabada y confirmada por este periódico.

Facturas alteradas

ejecentral documentó en febrero pasado cómo el Consejo de Administración de ESSA autorizó contratos de venta y servicios a favor de familiares y parientes políticos del director general Antonio Avilés Rocha, y esos contratos aún se mantienen, pero se sumaron varios más. Documentos y comprobantes obtenidos vía transparencia advierten que, para la venta de sal se da la garantía de un precio mínimo a una empresa vinculada a su sobrino político, Ramón Martínez Leyva, y esta operación benefició a otros clientes por medio de la manipulación de las facturas.

Esto quedó en evidencia luego de que Exportadora expidió un par de facturas a favor de Agroarvi S.A. de C.V., empresa del sobrino del director general, una de ellas por concepto de 600 sacos de 50 kilos de sal, y otra más por varios miles de sacos de diferentes tipos de sal, pero en ambas aparecen con el monto testado sobre dichas transacciones.

Sin embargo, al compulsar los datos en el Sistema de Facturación Electrónica CFDI del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información en las facturas es distinta, y en el nombre del cliente de la compra aparece una empresa totalmente distinta: Sales y Químicos de la Baja S de RL de CV., empresa representada por Alejandro Bremer, hijo de Juan Ignacio Bremer Hernández, exdirector general de Exportadora de Sal (de 1986 al 2000), quien hasta la fecha mantiene operaciones en la paraestatal como proveedor y beneficiario de contratos y adjudicaciones directas.

De acuerdo con la factura proporcionada vía Infomex, las facturas expedidas para Agroarvi aparecen con un número de folio fiscal, una fecha de expedición, y una fecha de certificación distintas, por un monto total de ambas facturas que asciende a los 126 mil 254 pesos, un precio preferencial para una empresa carente de licencia y experiencia, como lo es la compañía de Martínez Leyva, pero que en beneficia a un cliente en el manejo de sal y sus derivados, en este caso la empresa de la familia Bremer.

Esto significa, de acuerdo con abogados consultados, a una alteración final de una factura, lo que podría constituir un delito penal y fiscal, que podría descubrirse mediante una auditoría del SAT.

Huachicoleo de combustible

En este camino de inconsistencias, otro aspecto fundamental detectado en la actual administración es el aumento en el consumo de combustible, tanto de gasolina como de diésel, en el momento en que cayó la producción de sal y por ende su transportación.

Las facturas de este inexplicable gasto significaron más de 28 millones de pesos pendientes por justificar, tan sólo en lo que va de la administración de Antonio Avilés.

De acuerdo con la revisión de los informes de ESSA respecto al consumo y costo pagado por combustible, particularmente de diésel, en comparación con la producción de sal por toneladas métricas (TM), en 2019 la empresa redujo marginalmente el consumo de diésel en un 0.32%, aunque la producción cayó -3.65 por ciento.

Para 2020, según la información de la empresa proporcionada vía transparencia, en los primeros nueve meses del año pasado el consumo de este hidrocarburo paso de 3.82 litros por tonelada métrica a 4.46 litros, que al hacer la conversión a litros por tonelada métrica producida implica un aumento del 3.34% en 2019 con respecto a 2018.

Considerando los cuatro principales rubros de ESSA en la producción de toneladas métricas, es decir, las toneladas por sal cosechada; la sal transportada del Puerto Chaparrito a la Isla de Cedros; la sal que es embarcada en Cedros a embarcaciones; y la sal procesada en Planta Lavadora, el incremento global de estas modalidades es del 19.60% en 2019 respecto a 2018.

El aumento implica que, de acuerdo con los números de Exportadora, las cuentas no cuadran, se consume más combustible cuando se produce menos sal y, por tanto, se hacen menos operaciones de producción y traslado.

Por lo menos no para una administración eficiente, pues en 2019, el primer año de Avilés Rocha, el egreso en combustible diésel fue de 412 millones 56 mil 865 pesos, lo que significa que el aumento de 3.34% equivale a 13 millones 779 mil 399 pesos.

Al caer la producción en menos del 3.65% y el aumento en el consumo de diésel a 3.34%, que resulta un incremento de egresos por 6.99 por ciento. En esta suerte de “huachicoleo” quedan en el aire alrededor más de 28 millones 837 mil pesos sin justificar.

Para 2020 la tendencia no fue distinta. Y la diferencia entre el incremento de litros consumidos por encima de la producción impactó en un alza del 7.74% en comparación con lo registrado en 2019. Según los registros de enero y septiembre, el consumo en gasolina de la empresa —medida en litros consumidos—, aumentó en 11.41%; y el de diésel se elevó un 11.54%, al pasar de un millón 889 mil 855 a dos millones 108 mil 12 litros por tonelada. En contraste con la producción y ventas por tonelada métrica las cuales disminuyeron en un 33.92 y un 60.92% respectivamente en comparación con 2019.

Malas decisiones

En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó que debía ser renovado y capacitado el Consejo de Administración de Exportadora de Sal, ante el cumulo de anomalías y omisiones. Pero durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, y a dos años del actual gobierno, los integrantes de este órgano fundamental de administración siguen operando.

Y precisamente en su última sesión de 2020, el 16 de diciembre pasado, el Consejo aprobó la propuesta del director general para reducir el precio de la sal a favor de su socio minoritario Mitsubishi. Esto contradice las declaraciones del propio Antonio Avilés Rocha, quien un año atrás (diciembre de 2019) se adjudicó como un logro de su gestión, la decisión de la empresa japonesa de haber aumentado el precio a 19.20 dólares por tonelada.

Con esta decisión recibió ESSA a la recién nombrada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, quien apenas el 4 de enero pasado tomó protesta en sustitución de Graciela Márquez Colín, ahora integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.

Aunado a esta inexplicable reducción que deja al precio de la sal por debajo de los 19 dólares, se ofreció al consorcio japonés la venta parcial de salmuera residual también en un valor mínimo al precio original de contratos anteriores; ambas modificaciones aprobadas por el Consejo han implicado un daño calculado en al menos 28 millones de dólares por la reducción del precio de la venta de sal, y una merma adicional por la baja en el precio de las toneladas de salmuera, que anualmente oscila en los 20 millones de dólares.

A través de cuatro auditorías, desde la revisión a la cuenta pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado y evidenciado la responsabilidad del Consejo de Administración ante la serie de malas decisiones y graves omisiones, y la permanencia de estas observaciones quedó reiterada en la Auditoría de Desempeño de 2018 “2018-2-10K2N-07-0433-2019”.

En dicha auditoría el órgano fiscalizador dejó en claro la incompetencia de los integrantes del Consejo para la toma de decisiones, al ser incapaces de desarrollarse con habilidades empresariales en la industria de la sal, pues su actuación, consideró la ASF, recae en una parcialidad a favor de Mitsubishi, y en contra de ESSA, por lo que la Auditoría exhortó a establecer un plan de acciones para que la empresa aplicara las mejores prácticas de “gobierno corporativo” con controles, así como establecer procesos de nominación de los consejeros que sean transparentes y estén bien estructurados.

Asimismo, la Auditoría destaca en su revisión la importancia de reforzar el papel del Consejo en el asesoramiento sobre posibles candidatos o sobre las necesidades de habilidades en el mismo consejo, y fortalecer el papel de la función de propiedad del Estado en ese proceso, lo cual incluye el establecer un mecanismo de precalificación para los miembros del Consejo tras una evaluación formal de los candidatos interesados, así como la contratación de profesionales para la identificación y la preselección de candidatos, como complemento de los procesos habituales de nominación.

Existe además, lo que la ASF denominó “contrato marco”, entre Mitsubishi y Exportadora, lo que permite que facilita las irregularidades en los contratos de adquisiciones. Esto ha favorecido, por ejemplo, los beneficios a familiares de Antonio Rocha Núñez, primo hermano Antonio Avilés Rocha, y exgerente de Adquisiciones, exdirector de Administración y Finanzas, y actual hoy proveedor de ESSA; así como a Juan Bremer, también exdirector general de la paraestatal, quienes se mantienen en las operaciones de ESSA, al ser dueños de las empresas nacionales y estadounidenses proveedoras, mediante compras y adjudicaciones directas de materiales de construcción, material eléctrico, madera, máquinas y herramientas, equipos, refacciones de maquinaria, uniformes, equipos para el personal de diversas áreas, así como de servicios de logística almacén y trámite aduanero entre México y Estados Unidos, el arrendamiento de almacén y oficinas de Exportadora, e incluso así como las contrataciones y plazas en recursos humanos.

Muestra de esta sinergia entre las compras fomentadas por el director y el aval del Consejo, fue la adquisición de un remolcador usado y obsoleto, con más de 16 años de antigüedad, por un precio de un millón 750 mil dólares, mediante adjudicación directa, a la empresa Lng Synergy Pte. Ltd Singapur, una de las empras consentidas de Antonio Rocha Núñez, gerente de Adquisiciones de Exportadora de Sal, bajo la dirección de Juan Ignacio Bremer Hernández, y que a al fecha se mantiene como proveedor para la empresa, a través de su empresa Materiales San Diego S.A. de C.V.

A partir de la omisión por resolver las inconsistencias en el llamado “contrato marco”, que concede la venta exclusiva de sal a Mitsubishi, con condiciones desfavorables al gobierno de México, y que al menos desde hace siete años fueron observadas por la Auditoría Superior de la Federación, que en su revisión de 2013 recomendó el que se revisara y modificara dicho convenio original, en complacencia de la petición del gigante japonés, en contubernio con los consejeros, comisarios del consejo y directivos de ESSA, en diciembre de 2020 se vuelve a bajar el precio de la sal, ocasionando un daño al patrimonio de la nación.

Las irregulares y malos manejos han escalado al grado de que en hecho sin precedentes, Exportadora de Sal (ESSA) incumplió con el pago a sus trabajadores, al inicio de este año lo cual atribuyeron a “un error involuntario” por parte de la administración, como informó ESSA a través de un oficio interno, pero que finalmente fue uno de los puntos relevantes a discutir en una reunión del Sindicato de trabajadores de la empresa, quienes la semana pasada advirtieron sobre la entrega de una denuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “los malos manejos del director en la empresa”, de la cual están a la espera de una respuesta.

Cinismo

Información recabada por este periódico, establece que Mitsubishi, con la minoría accionaria frente al gobierno mexicano, comenzó una estrategia de presiones al interior de ESSA porque pretenden garantizar una paridad en la toma de decisiones relevantes, incluso se ha manifestado la intención de un encuentro “cara a cara” con la nueva secretaria de Economía, a fin de exponerle su posición.

Pese a la imposición de sanciones por parte de la ASF en contra de funcionarios japoneses debido a omisiones y anomalías que ascienden a un daño de más de 109 millones de pesos, el argumento de la compañía japonesa es que carece de margen de maniobra para “gobernar e influir” en la empresa, eso plantea un documento previo a la primera sesión del Consejo de Administración de este año al que ejecentral tuvo acceso, y en el que se revela la postura de Mitsubishi de buscar un solo contrato para la adquisición de 6.6 millones de toneladas de sal.

Sobre las anomalías en la empresa la parte japonesa no está exenta, pues en la actual administración se reactivaron las sanciones impuestas por la ASF ante irregularidades cometidas por funcionarios de origen japonés, al servicio del gobierno mexicano, que entre 2013 y 2015 propiciaron anomalías en los ajustes de precios y la demora en el pago de barcos. Se trata de Takuya Hamaguchi, exdirector adjunto de ESSA, e Yuji Fujitake, subgerente de Apoyo Productivo, quienes además se ostentaba como representantes de Mitsubishi en el Consejo de Administración, y cuya suma de sanciones asciende a los 109 millones 582 mil 139 pesos.

En respuesta a la solicitud de este periódico por conocer el diagnóstico de la secretaria de Economía Tatiana Clouthier sobre esta serie de anomalías, funcionarios cercanos a la funcionaria federal reconocieron que ante “la situación complicada” que se tiene con la empresa japonesa, lo conveniente era no hacer comentarios al respecto.

›El problema por resolver para la secretaria Clouthier no es sencillo, por los recovecos de los contratos entre ESSA y la japonesa, sumado a que esta última tiene pendientes por atender anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2013 y 2015, por ajustes de precios y la demora en el pago de barcos. Algunas de estas irregularidades se dirigen hacia Takuya Hamaguchi, exdirector adjunto de ESSA, e Yuji Fujitake, subgerente de Apoyo Productivo, quienes además se ostentaban como representantes de Mitsubishi en el Consejo de Administración, y cuya suma de sanciones asciende a los 109 millones 582 mil 139 pesos. Los procedimientos están en trámite.