Presidente de Ecuador veta ley que regula el aborto por violación
(FILES) In this file photo taken on September 1, 2021 Ecuadorean President Guillermo Lasso delivers a speech at the Manuela Canizares public high school in Quito, as face to face classes return after 17 months of suspension due to the COVID-19 pandemic. - Lasso announced on October 18, 2021 that he decreed a state of exception for the entire country in the face of an increase in the levels of violence in the streets due to drug trafficking, ordering the mobilization of the public force. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
/RODRIGO BUENDIA/AFP
Se planteó que las víctimas de violación con menos de 18 años y mujeres que viven en zonas rurales podrán abortar hasta las 18 semanas de embarazo
El presidente de
Ecuador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente la ley que regula el aborto voluntario para mujeres víctimas de violación, reduciendo a 12 semanas el plazo para interrumpir el embarazo en el caso de niñas abusadas.
“He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional”, escribió el mandatario conservador en una carta divulgada en Twitter.
El Legislativo, de mayoría opositora, tiene 30 días para decidir si acepta las modificaciones del Ejecutivo o si mantiene el documento original aprobado el 18 de febrero pasado.
En esa ley, la Asamblea Nacional planteó que las víctimas de violación con menos de 18 años y mujeres que viven en zonas rurales podrán abortar hasta las 18 semanas de embarazo, mientras que las mayores de edad y de zonas urbanas podrán hacerlo hasta las doce semanas de gestación.
Lasso estableció en el veto como único plazo las doce semanas de embarazo argumentando que “todos somos iguales” ante la Constitución y que “establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en su lugar de nacimiento o condiciones de origen sería contrario a ese principio básico”.
La Corte Constitucional ecuatoriana amplió el acceso al aborto en casos de violación en abril del año pasado. Antes de ese fallo solo las mujeres con discapacidades o en peligro de muerte podían interrumpir voluntariamente el embarazo.
En
Ecuador
una mujer que aborta por causales distintas a las permitidas es sancionada hasta con dos años de cárcel.
“Dolorosa realidad”
La asambleísta Johanna Moreira, del partido Izquierda Democrática y quien expuso el proyecto de ley, expresó en Twitter que los plazos cortos “solo afectarán a las más pobres y olvidadas, provocando que nuestras mujeres pierdan su vida desde la clandestinidad”.
“El presidente @LassoGuillermo con su veto parcial no ha entendido la dolorosa realidad que viven a diario nuestras niñas”, anotó Moreira.
Según datos oficiales, siete menores de 14 años dan a luz a diario en
Ecuador, el tercer país latinoamericano con tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes.
El gobernante, que había expresado su desacuerdo con la ley, presentó 61 observaciones al documento. Entre ellas, también están la inclusión de la objeción de conciencia del personal de salud y requisitos para acceder al aborto en casos de violación.
“La Corte Constitucional ordenaba expresamente al Legislativo establecer los requisitos de acceso al aborto en casos de violación. Sin embargo, la Asamblea prácticamente los ha omitido”, apuntó Lasso, un exbanquero de derecha, en su carta.
En el documento remitido a la Asamblea Nacional, el gobernante señaló que la ley, por ejemplo, “no establece el deber de practicar un examen médico a la víctima para verificar la violación y proteger la salud de la víctima, ni la recolección de evidencias para la investigación del delito”.
Entre los requisitos planteados por Lasso también está la presentación de la denuncia de violación.
La organización feminista Surkuna sostiene que, de acuerdo con la Fiscalía, entre agosto de 2014 y noviembre de 2021 hubo alrededor de 42 mil denuncias por violación.
Congresistas de Estados Unidos pidieron la semana pasada a Lasso promulgar sin cambios la ley de acceso al aborto en casos de violación. En tanto que Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, expresó que con esta norma el mandatario “tiene la oportunidad y la responsabilidad de cumplir sus promesas de campaña de respetar el estado de derecho”. Kg
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