Presidencia pide a Corte resolver demanda de 2018 antes que Plan B
CIUDAD DE MÉXICO, 25ABRIL2023.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las impugnaciones de la Guardia Nacional. La sesión fue encabezada por la ministra presidenta Norma Piña. FOTO: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN/CUARTOSCURO.COM
/Suprema Corte de Justicia de la Nación
Las impugnaciones de 2018 podrían definir la invalidez de la Ley General de Comunicación Social, la cual fue recientemente modificada como parte del Plan B electoral
Se está a solo unos días de conocer el futuro del primer paquete de reformas que forman parte del Plan B electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistara para la siguiente semana la discusión sobre su validez.
Sin embargo, la Presidencia de la República, además de inconformarse por que se dio a conocer el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, ha solicitado recientemente a la Corte que en atención al orden de prelación y seguridad jurídica, resuelva primero sobre una serie de impugnaciones que datan de 2018.
Se trata de las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social - que fue reformada con el Plan B electoral -, por los cambios realizados por la mayoría parlamentaria que en aquel entonces estaba conformada por el PRI y el PAN.
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La impugnación contra esta modificación fue promovida por la entonces minoría parlamentaria, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por Movimiento Ciudadano.
Estas impugnaciones son las identificadas con el número 52, 53 y 55/2018, en las cuales quedaron en manos del ministro en retiro José Fernando Franco, en contra del decreto que dio creación a la Ley General de Comunicación Social.
Y es que con esta ley, se señaló en su momento por parte de Movimiento Ciudadano, se violan derechos de libertad de expresión, así como de acceso a la información y materia político-electoral; mientras que la CNDH consideró que no se establecen reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo que representaba un riesgo para la libertad de expresión.
Es entonces que la Presidencia de la República hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández para que resuelva estas acciones de inconstitucionalidad, con las cuales, podría declararse la invalidez de la ley.
Ello evitaría, de acuerdo con la Presidencia, que se emitan sentencias contradictorias que violenten principios como el de certeza y seguridad jurídica.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, reclamó la Presidencia.
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