Mediante una carta, las organizaciones peticionarias en el caso de Francisco Ortiz Franco, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx, presentaron sus observaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el asesinato del editor y fundador del semanario Zeta de Tijuana ocurrido hace 17 años, ya que desde entonces, ninguna persona ha sido sentenciada como responsable de este crimen.
En el documento señalan que, por el tiempo transcurrido de este crimen, por tratarse de un periodista de Zeta, uno de los medios mexicanos que más ataques ha sufrido en las últimas tres décadas, por registrarse en un país en que el riesgo para ejercer el periodismo es muy alto, es esencial que las autoridades no dejen este caso en la impunidad.
“El caso de Ortiz Franco es emblemático, en consideración del trabajo de calidad que desarrolló por décadas documentando corrupción, abusos de autoridad y acciones criminales de los cárteles de las drogas”, indican.
Presentaron la ruta que ha seguido este homicidio, los documentos que prueban su abandono, el nulo avance del caso y serias dudas sobre las investigaciones a cargo del Estado mexicano.
“Francisco Ortiz Franco, uno de los fundadores de Zeta, fue asesinado el 22 de junio de 2004 en Tijuana, en Baja California, México. De acuerdo a los primeros datos periciales, se trató de un ataque bien planeado y consumado por un sicario entrenado que llegó como copiloto de una camioneta Grand Cherokee Limited 2000, con placas fronterizas, de la que descendió y en segundos disparó al periodista, al menos, cinco veces”, enuncia.
Ortiz Franco murió en el asiento del conductor de su automóvil, y en el asiento trasero estaban sus dos hijos menores, quienes resultaron ilesos. El ataque ocurrió a 300 metros de las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del estado de Baja California); sin embargo, las autoridades no llegaron a auxiliar al periodista de inmediato. Debido a ello y otros elementos que se describen más adelante, los asesinos habrían tenido la complicidad de las autoridades.
Zeta, uno de los referentes en información exclusiva sobre corrupción y crimen organizado, había recibido distintas amenazas, por lo que varios de sus editores debieron aceptar contar con escoltas por parte de las autoridades, entre ellos Ortiz Franco, quien ese día le pidió a los dos policías que formaban parte de su seguridad que no lo acompañaran.
Como editor del semanario, además de coordinar información de los reporteros y revisar los textos, escribía una columna y reportajes sobre política, inseguridad, corrupción y sobre los grupos criminales que operaban en Baja California, en esa época el Cártel de Tijuana, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que lideraban los hermanos Arellano Félix, que era capaz de trasladar toneladas de cocaína de Colombia hasta California (ANEXO 0, 1 y 2)
Durante 2004, Zeta publicó, bajo la firma de Ortiz Franco, varias revelaciones sobre operaciones del Cártel de los Arellano Félix. Dos de sus últimos reportajes que aparecieron en abril y mayo de ese año se referían al tema. Uno se tituló “Asociación de Osiel Cárdenas con los Arellano. Fuga de película: Los Zetas desmoronaron control y vigilancia”; y, otro, “Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF”.
En el primer artículo exhibió la corrupción en las autoridades penitenciarias y de la policía estatal, y explicaba las razones del asesinato del entonces subprocurador Rodolfo Delgado Neri, quien se había negado a corromperse.
En el segundo reportaje revelaba, con fotografías incluidas, cómo una célula de narcotraficantes había comprado credenciales para hacerse pasar por miembros de la policía ministerial en el estado de Baja California. Detallaba cómo se tomaron las fotografías y cómo los narcotraficantes, buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estado Unidos de América, recibieron las credenciales.
Los artículos de Ortiz Franco exhibían constantemente la corrupción y complicidad de los integrantes del cártel con las autoridades estatales, particularmente de la ahora Fiscalía de General.
Después del crimen, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado abrió el expediente 132/04/201, y al mismo tiempo, la ahora Fiscalía General de la República, en su área de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, abrió otro expediente. Su entonces titular, José Luis Santiago Vasconcelos (fallecido), informó en su momento que el caso fue atraído a nivel federal, por tratarse de que el Cártel de Tijuana era el responsable.
En las semanas siguientes, en julio de 2004, Zeta denunció públicamente que ninguna autoridad había ido a revisar la computadora del periodista y que tampoco habían pedido información sobre sus publicaciones. Zeta publicó una lista de sospechosos del asesinato que incluía al político Jorge Hank Rhon, Arturo Villarreal “El Nalgón”, del cártel de los hermanos Arellano Félix, y Eduardo Ronquillo “El Niño” (quien fue asesinado en octubre de 2005); así como José Briceño “El Cholo”, identificado como un sicario del Cártel del Golfo (desaparecido desde 2008), quien pudo haber actuado junto al Cártel Arellano Félix; y a Heriberto Lazcano “El Lazca”, del Cártel de los Zetas (quien fue ejecutado en 2012).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente por el asesinato de Ortiz Franco, bajo el número 2004/2133/5/Q, considerando que sería un ataque a la libertad de expresión. Incluyó el caso en una Recomendación General, la número 17, en 2009, la cual no se cumplió (ANEXO 3). Sin embargo, a partir de una solicitud de transparencia fechada en mayo de 2021, el organismo respondió que el caso se consideraba como “concluido”, lo que significa que a pesar de mantenerse en total impunidad el crimen de Ortiz Franco, la CNDH no continuará exigiendo justicia (ANEXO 4).
Conforme avanzaron las investigaciones, las propias autoridades mexicanas identificaron como el responsable del asesinato al Cártel de los Arellano Félix (https://bit.ly/3xz5C8n), y como planificador, a uno de sus principales aliados y líderes de sicarios, Manuel Arturo Villarreal Heredia (ANEXO 5 y 6), quien fue detenido por la DEA como parte de la operación Shadow Game el 14 de agosto de 2006, junto a su jefe Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, uno de los líderes del Cártel de Tijuana, y quien podría haber ordenado el crimen.
Desde 2006, tanto Arellano Félix como Villarreal Heredia se encuentran en una cárcel en Estados Unidos. El segundo, que habría planificado el homicidio, permanecerá preso hasta 2032, de acuerdo al Buró Federal de Prisiones (ANEXO 7). El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo mencionó en el juicio en su contra como principal responsable del asesinato del periodista Ortiz Franco (ANEXO 8 y 9), pero sólo se utilizó como contexto de su capacidad criminal, ya que el homicidio fue cometido en México.
Ambos narcotraficantes se declararon culpables en 2007 y ofrecieron colaborar, a cambio de no recibir una sentencia de muerte o de por vida en 2008 (ANEXO 10 y 11). Es decir, desde hace 14 años los fiscales estadounidenses llegaron a un acuerdo con Villarreal Heredia y con Arellano Félix. Se supone que el gobierno de México los interrogó, pero no se conoció ni un solo dato sobre esa diligencia (ANEXO 12), y el subprocurador que asistió, Santiago Vasconcelos, murió.
Desde entonces no se ha solicitado la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para interrogar nuevamente a los narcotraficantes sobre el crimen de Ortiz Franco, tampoco para sumar el expediente estadounidense a las investigaciones mexicanas. Todo esto a pesar de que Villarreal Heredia y Arellano Félix son los principales sospechosos del homicidio.
Tampoco hay datos disponibles en torno a que los investigadores hayan interrogado a personajes claves del crimen, como el abogado David Valle y al excomandante José Encinas Filatoff, quienes se reunieron poco antes con el periodista, y tiempo después se conoció que este último era aliado de los Arellano Félix.
En octubre de 2018 (https://bit.ly/3lLZCGQ), junio de 2019 (https://bit.ly/3yxSgKE) y julio de 2021 (https://bit.ly/3xsCkIk), Zeta puso en evidencia que Villarreal Heredia preparaba su regreso a México y la forma de hacerlo era tramitar al menos tres juicios de amparo para conocer las acusaciones en su contra, y tratar de anularlas por esta vía. Estos juicios mostraron la desatención del caso por parte de las autoridades, ya que fueron derrotadas en uno de ellos, y también que, hasta ahora, no hay una orden de captura en contra del narcotraficante por el crimen de Ortiz Franco.
En los tres reportajes que dan seguimiento a estos amparos, se confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco concedió el recurso contra una orden de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada (ANEXO 13).
Al mismo tiempo a Villarreal Heredia se le negó otro amparo en 2020, por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, contra una acusación por delincuencia organizada y secuestro cometido contra 12 víctimas (a finales de los 90 y principios de 2000). En este caso solicitó la revisión, por lo que el asunto permanece en un Tribunal Colegiado en Mexicali.
El tercero de los juicios de amparo que promovió la defensa de Villarreal Heredia fue en octubre de 2020, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Nayarit, contra de la orden de aprehensión de un juez federal de esa entidad, dentro de la causa penal 7/2006, “asunto por el que ya había obtenido el amparo para efectos de reposición de procedimiento y se volvió a ordenar su captura”, cita el reportaje.
Otra orden de aprehensión que descubrieron los representantes del capo fue la que incluye la causa 13/2006, por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso de las Fuerzas Armadas.
Esto muestra cómo el narcotraficante está defendiéndose activamente y es posible que, en menos tiempo de lo esperado, en función de los acuerdos que alcanzó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (el cual está sellado), regrese a México.
Toda esta relación de hechos muestra que el Estado mexicano, en 17 años, presenta nulos resultados en el caso del asesinato del editor de Zeta. Esto se debe al abandono de las pesquisas y la información reciente alerta que esto es más grave.
En el asesinato de Ortiz Franco existen evidencias de que no sólo fueron miembros del crimen organizado los involucrados, sino que tuvieron de cómplices a las autoridades de la ahora Fiscalía General de Baja California. A pesar de esto, la Fiscalía General de la República dejó las investigaciones a cargo de la autoridad local.
A una solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República (ANEXO 14), fechada en mayo de 2021, sobre la situación legal del expediente del periodista y la petición de acceder a él, la dependencia respondió que no cuenta con el legajo sobre el crimen del periodista: “Tras efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, no localizó registro de alguna indagatoria relacionada con los hechos de su interés, razón por la cual no se desprenden elementos que permitan atender el resto de sus requerimientos”.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del estado de Baja California, a través de otra solicitud de transparencia, también fechada en mayo de 2021, respondió que el expediente abierto hace 17 años “aún se encuentra en investigación” (ANEXO 15). Al pedir conocer una versión pública de los documentos, la autoridad decretó su reserva, ya que encuadra en el supuesto legal de que al darse a conocer “se obstruiría la persecución de los delitos aunado a que afectaría el debido proceso”.
Como observará la CIDH, a pesar de que el gobierno mexicano y el estadounidense han identificado, desde los años 90, al Cártel de los Arellano Félix como una organización peligrosa, con una gran capacidad económica trasnacional, sanguinaria y con complicidades en el gobierno de Baja California, y que estaba directamente vinculada con el crimen del editor Ortiz Franco, la autoridad federal (la Fiscalía General de la República), que podría haber garantizado una investigación imparcial, devolvió el expediente a la Fiscalía del estado, donde continúa operando el grupo criminal.
Esta condición se agrava si se considera que los presuntos autores intelectuales y operadores del crimen, Arellano Félix y Villarreal Heredia, respectivamente, se encuentran detenidos en prisiones de California, Estados Unidos, por lo que para interrogarlos se tiene que llevar a cabo el trámite desde la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a petición de los investigadores locales. Si esto no se solicita, no ocurrirá.
Es indispensable resaltar que los organismos de derechos humanos, con capacidad constitucional y legal para influir en las decisiones de las autoridades, y presentar denuncias penales, tener acceso a los expedientes y emitir recomendaciones que exhiban la impunidad y tengan repercusión penal o administrativa, como son las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Estatal de Derechos Humanos (ANEXO 16), han reconocido que no tienen un expediente abierto para dar seguimiento al caso de Ortiz Franco.
La CIDH también debe observar que la Fiscalía Estatal de Baja California reconoció tácitamente que 17 años después no ha sido capaz de proporcionar justicia en este crimen, porque mantiene abierto el expediente y justifica que sigue bajo investigación.
Bajo el pretexto de que se dañe la investigación y el debido proceso –del que en casi dos décadas no ha mostrado avances--, la Fiscalía impide la transparencia de ese expediente, por lo que hace imposible conocer los avances reales de las indagatorias y evaluar el trabajo de las autoridades.
Todo esto en conjunto constituye una violación grave a los derechos humanos de la familia de Ortiz Franco, pero también de la sociedad y de los periodistas en México, particularmente de Baja California, quienes continúan enfrentando riesgos graves por su trabajo, ante la impunidad que persiste en las investigaciones de este y decenas de crímenes.
Como lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias y según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso se está ante una indebida diligencia en la investigación de los hechos y ante el incumplimiento del principio de plazo razonable, la respuesta investigativa y judicial del Estado mexicano, en el crimen de un periodista que representa un ataque directo a la libertad de expresión de la sociedad.
No existe un argumento que justifique 17 años sin que todos los responsables hayan sido detenidos y sentenciados en México por este homicidio. Hasta ahora, ni siquiera el Estado mexicano ha ofrecido a la familia de Ortiz Franco y a la sociedad, una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva que permita conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrió en 2004 este ataque, y quiénes son los responsables; por lo que, de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos de sus familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos; una violación extensiva a la sociedad y en particular a los periodistas.
Es central considerar que este letargo en la justicia mexicana no es un hecho aislado, no sólo ha quedado demostrado en el caso del editor de Zeta, también de su compañero Héctor Félix Miranda, caso que también está en manos de la CIDH, y de casi un centenar de ataques a periodistas que han sido asesinados o han desaparecido en México por razones de su trabajo profesional en las últimas tres décadas, y que se mantienen sin justicia ni se conoce la verdad sobre los hechos.
De continuar la misma dinámica por parte del Estado mexicano, se corre el riesgo que en unos años más (menos de una década) el homicidio de Ortiz Franco prescriba legalmente y sea imposible, bajo la normatividad mexicana, el acceso a la justicia y a la verdad.
Por todo esto, se hace indispensable y urgente una acción contundente de la CIDH, que impida que continúe en este, y otros casos, la ausencia de justicia por el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que sólo está favoreciendo el agravamiento de las amenazas y riesgos de los periodistas en México.
La misiva fue firmada por el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti; y por el representante de la Alianza de Medios Mx, Roberto Rock.
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