Preocupa mano del narco en elecciones

23 de Diciembre de 2024

Preocupa mano del narco en elecciones

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El Estado debe ver de qué manera el sistema electoral y el sistema de gobernabilidad atajan la intromisión del crimen organizado y blindar a los candidatos y las campañas de dinero ilegal

El “sí” fue contundente cuando habló sobre la intromisión del narcotráfico y lo electoral.

“Yo creo que sí hay que estar preocupados porque evidentemente México está pasando una situación compleja en ese aspecto”, afirmó.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, advirtió que el país no puede “hacerse de la vista gorda” con respecto a la violencia política.

Pero también habló sobre considerar el tema dentro de la reforma electoral. “Que nos lleve a por ejemplo un tema delicadísimo la intromisión de dos organizaciones criminales en las campañas y los procesos... hay que ver de qué manera el sistema electoral y el sistema de gobernabilidad atajan este asunto para blindar a los candidatos, blindar a las campañas de recursos de procedencia ilícita”.

Realidad nacional. José Luis Vargas Valdez, advirtió que el país no puede “hacerse de la vista gorda” con respecto a la violencia política.

Una prueba de la magnitud del problema y de la probable intervención de organizaciones criminales en los comicios, añadió el magistrado, es la cantidad de candidatos y políticos que fueron asesinados en el pasado proceso electoral. De acuerdo con la consultora Etellekt, en las pasadas votaciones de junio se registraron mil 066 agresiones contra actores políticos, incluyendo 102 homicidios, de los cuales 36 fueron de aspirantes y candidatos.

“Si nosotros (el TEPJF) nos enteramos uno dos años después qué tal gobernante está involucrado con algún tipo de actividad ilícita, pero ya está en el poder, pues se vuelve realmente preocupante y frustrante para la ciudadanía”, aseguró.

Para prevenir estos riesgos, Vargas Valdez propuso que se emplee un mecanismo como se hace en otro países, en el que “tienes que pasar una consulta, una revisión y eventualmente puede ser analizado por un juez para decir si hay o no hechos fundados y sustentados y qué entonces se proceda a quitarle el registro a una persona que aspira a un cargo de elección popular”.

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