La opacidad es un mal menor para el gobierno federal. No importa que haya programas que destaquen por la falta de información sobre el destino de los recursos y sobre las metas alcanzadas, el Congreso les autoriza presupuestos incluso superiores a los que han quedado en la oscuridad.
El Presupuesto de Egresos 2018, aprobado el pasado 9 de noviembre por la Cámara de Diputados, otorgó una bolsa de 27 mil 771 millones de pesos al programa Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, instrumento a cargo de la Secretaría de Gobernación y que es considerado como una de las mayores “cajas negras” dentro de la administración federal.
De acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) 2017, elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), los Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito “no reportan información sobre su cumplimiento de metas, sobre la cobertura de su población potencialmente beneficiaria o ambos y, por tanto, no es posible estimar su nivel de desempeño”.
Este programa recibió en 2017 un presupuesto de 23 mil 662 millones de pesos. Es decir, pese a la falta de transparencia, el próximo año el programa recibirá 4 mil 109 millones adicionales, lo que representa un aumento de 17 por ciento.
El programa Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito forma parte de la estructura programática de la Secretaría de Gobernación, y tiene como responsable a Manelich Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal. Entre sus principales funciones están suministrar información a unidades encargadas de la generación de inteligencia para prevención e investigación de delitos federales; analizar e identificar las estructuras y los modos de operación de organizaciones delictivas para su combate, dirigir la detección, identificación, ubicación y prevención de las actividades delictivas de organizaciones, grupos o individuos que intenten alterar el orden y paz públicos, y establecer líneas de investigación policial a partir del análisis de información sobre estructuras y operación de las organizaciones criminales.
53 por ciento aumentó el presupuesto del programa Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares que en 2018 recibirá más de 836 mdp.
Sólo el programa Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito representa 27.4% del presupuesto asignado este año a los 26 programas considerados como “caja negra” por el INDEP, el cual asciende a 86 mil 346 millones de pesos.
De 26 programas inescrutables, el que experimentó un mayor incremento entre 2017 y 2018 es Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares, que está a cargo de Jacob Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De 546 millones 405 mil 108 pesos que ejerció este año —y de los cuales no se tiene evidencia de su correcta aplicación—, para el siguiente tendrá 836 millones 434 mil 369 pesos. Lo que representa un aumento superior a 290 millones, equivalente a 53 por ciento.
Dentro de los programas considerados “caja negra” por su poca transparencia, uno de los que manejan más recursos es el de Prevención y Disuasión del Delito. Para 2018, será mimado con cuatro mil millones de pesos adicionales
Una evaluación realizada en 2016 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM refiere que el programa de Servicios Consulares cuenta con un diagnóstico insuficiente sobre problemas que debe atender ni tiene clara la población hacia la que va dirigido, situación que se agrava ante el hostigamiento que están experimentando los connacionales tras las medidas del gobierno de Donald Trump.
¿Qué es una caja negra?
Los rezagos en transparencia aún no han sido superados y persisten brechas importantes que no permiten conocer el nivel de desempeño de un conjunto de programas y acciones públicas que integran la política social del gobierno federal.
Estos programas representan la “caja negra del gasto social federal” por sus graves problemas de opacidad. La organización Gesoc obtuvo los siguientes hallazgos tras analizar el presupuesto de 2017.
Se identificó que 19.1% de los programas federales de desarrollo social (26 de 136) tienen problemas de opacidad que impiden estimar su desempeño.
Estos 26 programas obtuvieron un presupuesto para 2017 de 86 mil 346 millones de pesos, es decir, 9.92% del asignado a los programas sociales del gobierno federal analizados por el INDEP.
En 2016, 24.8% de los programas considerados en el INDEP (39 de 157) se ubicaron en la “caja negra del gasto social federal”. Su presupuesto para ese año fue de 72 mil 187 millones de pesos.
