Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierna la mayoría de los municipios que son reacios a transparentar sus estados financieros ante las autoridades federales.
De acuerdo con el Sistema de Alertas sobre la deuda de los municipios, que cada semestre actualiza la Secretaría de Hacienda, de los 127 que no entregaron información sobre sus pasivos, 36 son de Morena, 26 del PRI, 14 de Movimiento Ciudadano y 13 del Partido Verde.
Es decir, esos cuatro partidos encabezan el 70% de los ayuntamientos que, al segundo semestre de 2022, incumplieron con las normas de coordinación fiscal y ocultaron a la Hacienda pública datos sobre el estado que guarda su deuda.
De los 36 municipios morenistas que negaron información o que no dieron suficientes datos para saber si su deuda es manejable o ponen en riesgo las finanzas públicas, 25 están en estados gobernados por el propio partido guinda.
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Es decir, la base de datos de Hacienda arroja que los gobiernos municipales son más negligentes para transparentar sus cuentas públicas cuando el gobierno estatal es encabezado por el propio partido.
Un fenómeno similar ocurre en Jalisco, cuyo gobierno estatal es encabezado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. De los 28 ayuntamientos jaliscienses con opacidad, nueve son del partido naranja, seis del PRI, cuatro de Morena y cuatro del PAN.
En San Luis Potosí, cuyo gobernador es Ricardo Gallardo Cardona, miembro del Partido Verde, de los nueve municipios que obstruyen la transparencia, cinco son del partido del tucán.
Entre los municipios morenistas que se resisten a mostrar sus balances financieros, figuran centros urbanos como Nezahualcóyotl, estado de México; Salina Cruz, Oaxaca; Nogales, Sonora, y Coyuca de Benítez, Guerrero.
El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda es un mecanismo de evaluación sobre el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tienen contratados financiamientos y obligaciones con fuente o garantía de pago de ingresos de libre disposición.
El esquema de monitoreo se encuentra establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y refleja si los pasivos de los ayuntamientos son sostenibles o ponen en riesgo las finanzas públicas.
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