Dos semanas después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua donde murieron 40 migrantes y 25 más resultaron heridos, la Fiscalía General de la República (FGR) responsabilizó penalmente a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por ese y otro caso similar en el que murió una persona y hubo 14 heridas en Tenosique, Tabasco en marzo de 2020.
Al señalar que esos hechos advierten “un patrón de conducta de irresponsabilidad y omisiones” al interior del INM, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz informó que también procedió penalmente en contra de Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del instituto, así como en contra de otros cuatro funcionarios del mismo órgano.
Desde los hechos en Juárez el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su defensa en favor del también extitular de penales federales y uno de sus colaboradores cercanos, al señalar que esperaría la conclusión de las investigaciones para analizar su destitución e incluso acusó a los medios de buscar que “quemáramos en leña verde a los que presuntamente cometieron un delito”.
Lee también: En 2022, ASF alertó de anarquía en migración
Sin embargo, la FGR señaló que tanto Garduño Yáñez como Antonio Molina incurrieron en presuntas conductas delictivas, “al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”, lo cual propició los homicidios y lesiones en contra de las personas migrantes.
En ese sentido la Fiscalía señaló a través de un comunicado que las observaciones en los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la administración del INM indican, “con toda claridad” las faltas y omisiones que se siguen cometiendo en dicho instituto.
Respecto al caso ocurrido el 31 de marzo de 2020 en la estación migratoria de Tenosique en el murió un migrante de origen guatemalteco y 14 más resultaron lesionados, y por el cual organizaciones civiles defensoras de personas migrantes responsabilizaron directamente al INM y su titular.
Y que incluso la CNDH emitió una recomendación por los hechos, la FGR subrayó que se trata del reflejo de una “patrón de conducta” en el que los directivos responsables han omitido las medidas de seguridad “indispensables y obligatorias” para ambos casos, tanto el de Tenosique como el de Ciudad Juárez.
Por esa razón informó que también va a imputar penalmente a los funcionarios del INM identificados como Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones de las víctimas.
En su pronunciamiento, la FGR recordó que por los homicidios y lesiones tras el incendio en la estación provisional de Ciudad Juárez suman cinco personas vinculadas a proceso: tres agentes de migrantes del INM, un elemento de la empresa de seguridad de ‘Grupo de Seguridad Privada CAMSA’, así como el migrante que inició el fuego al interior de la estancia.
Al reiterar que se mantiene abiertas las dos indagatorias de forma paralela, una sobre las faltas y omisiones del instituto a cargo de Garduño Yáñez; y la otra por el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada, la Fiscalía señaló que en los contratos por adjudicación directa que firmaron ambas partes se omitieron las obligaciones de licitación pública, lo cual generó “costos del doble de lo que en el sector público se paga” por los servicios de seguridad.
De igual forma apuntó que tanto el instituto como la empresa omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; además de quedar en evidencia que la empresa no tenía registrados ante el IMSS a sus empleados, lo cual trató de hacer en días posteriores a la tragedia.
