“Aquel seudo juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, fue quien le dictó la prisión preventiva (...) no pedimos más ni menos, piso parejo, eso queremos, que se actúe conforme a derecho”, dijo Mariana Moguel, hija de Rosario Robles previo a la audiencia de su madre, quien está acusada del desvío de miles de millones de pesos en un caso denominado “La estafa maestra”. Nada cambió. La exservidora pública seguirá en el penal de Santa Martha Acatitla.
La audiencia de este miércoles era clave para Rosario Robles. Hace apenas dos semanas la exfuncionaria ganó un amparo para que se revisara la legalidad de la medida cautelar en su contra. El recurso abrió la posibilidad de que tras 798 días en la cárcel pudiera salir y seguir su proceso en libertad. Eso no ocurrió.
Sin debate entre las partes y luego de casi tres horas de audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, debe seguir en prisión preventiva justificada porque se advierte que existe riesgo de fuga y el resguardo domiciliario le facilitaría los medios para abandonar el territorio.
Desde el 13 de agosto de 2019, cuando Robles Berlanga se presentó voluntariamente a declarar y fue detenida —contra todo pronóstico, pues el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva— los cuatro equipos de abogados que han tenido su caso, intentaron revertir la medida cautelar interpuesta por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna.
La defensa de Robles, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, ha ofrecido como argumento a su favor la salud de la exfuncionaria. Sin embargo, el alegato también fue rechazado. Las cuestiones de salud no son obstáculo para que permanezca en prisión, cada que tenga alguna cuestión de salud, puede acudir al juez de ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes, apuntó Villar.
›Cabe señalar que además de la causa que se le sigue actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente la ejecución de otra orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de dinero, misma que fue emitida por un juez federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
El caso de la “Estafa Maestra” configura una presunta trama de corrupción donde la funcionaria como cabeza de dependencias como Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), utilizó un esquema en el que supuestamente intervinieron una amplia gama de funcionarios para desviar dinero destinado a programas sociales hacia empresas “fantasmas”.
