Después de nueve días de protestas ininterrumpidas en Panamá, la población se enfrenta a un desabastecimiento de algunos insumos debido a que siguen los bloqueos.
A pesar del anuncio del presidente Laurentino Cortizo el domingo 29 de octubre sobre la realización de una consulta popular, los manifestantes continúan movilizándose con un objetivo claro: la rescisión de la prórroga otorgada a una empresa canadiense para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
Los manifestantes rechazan la ley que permite a la empresa Minera Panamá, una filial de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, extraer cobre y otros minerales por los próximos 20 años de una mina ubicada al norte del país.
A lo largo del territorio nacional, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía local; incluyendo la fachada de la Asamblea Nacional, que aprobó la controvertida legislación en tan solo tres días el 20 de octubre.
En redes circulan varios videos y fotos de las protesta y la represión de la que han sido objetos los manifestantes en la urbe panameña.
Bloqueos y protestas en la capital de Panamá
Miles de personas se movilizaron en Ciudad de Panamá, la capital del país, y numerosas autopistas y carreteras fueron bloqueadas por activistas.
Los manifestantes argumentan que la ley aprobada no solo es inconstitucional y viola la soberanía panameña, sino que la práctica extractiva de la empresa canadiense pone en grave riesgo el ecosistema del bosque de Donoso, en la provincia de Colón, donde se encuentra la mina de cobre.
A pesar del anuncio del presidente Cortizo sobre la consulta popular programada para el 17 de diciembre para decidir el futuro de la concesión minera, las protestas continúan con una firme determinación.
Cortizo declaró que a través del referendo se podrá “legitimar la voluntad del pueblo"; y que el resultado “será de obligatorio cumplimiento, el pueblo es el soberano”.
Dos días antes, en un intento por frenar el descontento popular, el mandatario panameño firmó un decreto que prohíbe nuevas concesiones mineras, tanto futuras como las que estén en trámite.
Esta resolución mantiene el contrato con la multinacional canadiense, que ya había sido aprobado, aunque está pendiente de una decisión de la Corte Suprema del país sobre su constitucionalidad.
A pesar de estos anuncios y medidas, los ciudadanos panameños, activistas y miembros de sindicatos han decidido mantener las protestas.
Su objetivo es que las autoridades rescindan el contrato, una extensión de un acuerdo firmado en 1991 entre el Estado panameño y First Quantum Minerals, una empresa que representa el 1.5 % de la producción mundial de cobre. DJ
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