Por primera vez en 24 años de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pondrá en el banquillo a fiscalías y aparatos de justicia de los estados.
De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías 2023, el órgano fiscalizador realizará investigaciones de tipo forense a la Fiscalía General del Estado de Morelos, al Poder Judicial de Nuevo León y al Poder Judicial de Coahuila.
Las auditorías forenses son investigaciones especiales que realiza la ASF cuando cuenta con indicios de que hay colusión entre servidores públicos para el desvío de recursos, los cuales se pueden traducir en acciones de tipo penal.
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En los tres casos, el máximo órgano fiscalizador revisará los “contratos y convenios suscritos” por las tres instancias, así como “erogaciones financiadas con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2023, incluidas las participaciones federales”.
Esto significa que serán auditados no sólo todos aquellas compras y contrataciones de servicios, sino que se fiscalizarán todos los recursos provenientes del gobierno federal, tales como aportaciones, participaciones y convenios.
La investigación contra la Fiscalía de Morelos se da en momentos en que el fiscal Uriel Carmona ha sido detenido en tres ocasiones por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad de encubrir y auxiliar a los autores del asesinato de la joven Ariadna Fernanda López.
La víctima fue hallada sin vida en territorio morelense, y el fiscal afirmó que el deceso resultó de una intoxicación alcohólica y el cuerpo no tenía signos de violencia. No obstante, una segunda necropsia practicada por las autoridades capitalinas arrojó que la muerte fue producto de un traumatismo múltiple, con lo que concluyó que Carmona trató de entorpecer la investigación, por lo que fue acusado de encubrimiento.
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En el caso de Nuevo León, la auditoría llega cuando el Poder Judicial atraviesa por una crisis generada por la fugaz solicitud de licencia y posterior reincorporación de Samuel García como gobernador del estado.
Colegios de Abogados de Nuevo León han solicitado al Congreso local la remoción de José Arturo Salinas Garza como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejero de la Judicatura de Nuevo León.
Los inconformes señalan que su nombramiento y toma de protesta del pasado 25 de octubre de 2023 como gobernador interino fueron inconstitucionales e ilegales por parte del Poder Legislativo.
En el caso de Coahuila, la auditoría al Poder Judicial tiene como telón de fondo un conflicto entre los partidos que llevaron a la gubernatura a Manolo Jiménez en las elecciones de 2023.
El presidente del PAN, Marko Cortés, acusó a su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, de incumplir un acuerdo para el reparto de secretarías, subsecretarías, direcciones, institutos, registros civiles, oficinas recaudadoras, direcciones de planteles educativos y universidades, así como notarías, una vez que se instalara el nuevo gobierno.
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