A casi siete meses de que la apertura de un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca cobró la vida de dos personas, no hay suspensión, destitución, inhabilitación o multas para algún funcionario público, cuando hay claras responsabilidades, denunció la organización Impunidad Cero. Al presentar los resultados de la investigación “Impunidad y sanciones administrativas en el socavón del Paso Exprés”, se reveló que se encontraron que hay 13 funcionarios con responsabilidades, principalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) incluido su titular Gerardo Ruiz Esparza, quien debería ser sancionado. “Sí hay responsables, sí hay un marco legal para imponer penas, y sí hay elementos suficientes para imponer sanciones administrativas”, señaló Luis Darío Ángeles, quien dirigió la investigación que se elaboró en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Estamos en el momento adecuado para que se lleven a cabo las sanciones. Estamos en la delgada línea de caer en la impunidad y no sancionar, o sancionar y evitar la impunidad”, agregó. La investigación parte de que la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, ocurrida el 12 de julio de 2017 en el socavón que se hizo en el Paso Exprés de Cuernavaca, cuando ellos circulaban por el lugar, fue resultado de una serie de irregularidades que se encontraron desde su construcción. “Cuando una conducta indebida no tiene consecuencias legales para los servidores públicos involucrados, como en el caso del socavón del Paso Exprés, no sólo existe impunidad, sino que el sistema mantiene en las plazas a personas y profesionistas que pueden no ser los indicados”, recalca el documento. El documento considera también sanciones administrativas para las empresas encargadas de la obra, de acuerdo con la LFRASP (artículo 2) y con base en criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los funcionarios que ameritan sanciones señalados se encuentran también José Antonio Rodarte Leal, coordinador general de centros de SCT; Oscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura, y Clemente Poon Hung, director general de carreteras. Del centro SCT-Morelos, además de José Luis Alarcón Ezeta, quien era director el día del siniestro y ya no está al mando, también se considera que ameritan sanción Héctor Manuel Méndez Murguía, subdirector de Obras; Alberto Ortega Aguirre, responsable de la Residencia general de Carreteras Federales; Erasto Jarillo Avilés, residente general de Conservación de Carreteras, y de Josué Robles Rodríguez, residente de Obra II. De acuerdo al estudio, la responsabilidad del secretario Ruiz Esparza es media, pero podría ameritar una sanción monetaria o de destitución.