Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Acapulco, advirtió que en lo que van del año suman 120 comercios cerrados en el puerto, mientras que en el 2017 fueron 2 mil 800, el 60% de ellos por problemas de violencia o inseguridad. En entrevista con Raymundo Riva Palacio para el programa Estrictamente Personal dijo que se exigirá al gobernador Héctor Astudillo que cree una unidad especializada contra la extorsión, así como que los ayuntamientos de Guerrero tengan una unidad élite de reacción inmediata. Acusó que las grandes transnacionales o grandes empresas no tienen “una cabeza” a quienes los grupos de la delincuencia puedan secuestrar o amenazar, por lo que sus blancos son el micro y mediano empresarios locales los cuales representan el 70% de los empleos en Guerrero. Martínez Sidney dijo que se ha denunciado que el nuevo sistema penal acusatorio retiró la tipificación de delito grave a la extorsión y lo dejó dentro del fuero común, lo que ha derivado en un crecimiento de este ilícito, el cual ha golpeado al comercio en las zonas urbanas y rural del puerto, afectando papelerías, abarrotes, ferreterías, es decir, pequeños comerciantes. Ante esto, dijo que la actuación de las policías es insuficiente pues no tienen la capacitación adecuada, y cuando se hacen capturas, los delincuentes vuelven a las calles a los pocos días, aseguró.
Pareciera que fue una ley para protegerlos no para detenerlos”.
“El cobro de piso”, el cual deja ganancias millonarias a los criminales del puerto ha fortalecido las organizaciones criminales, pues con eso se compran más armas, vehículos y personal, y crean una red más organizada. Otro problema es la variedad de grupos delictivos que por división o fractura van formando nuevas células criminales que amagan a los comerciantes, pues hay quien pagan más de una “cuota” para seguir operando su negocio o por miedo. Dijo que se hace un llamado para que la extorsión se tipifique como un delito grave, y que ahora se va a los Ministerios Públicos locales donde no hay el recurso suficiente para detectar llamadas o castigar a los criminales. DA
