Por falta de claridad, Corte tira la 'Ley Ingrid' del Edomex

La llamada ‘Ley Ingrid’ en el estado de México, con la cual se sanciona a funcionarios públicos por la difusión de imagenes, videos y audios de la víctima de un delito, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la redacción de la reforma realizada al artículo 227 Bis del Código Penal de la entidad, no es clara y precisa.

Por mayoría de votos, la mayoría de ellos concurrentes, es decir, que no se estuvo de acuerdo con la argumentación, pero sí con el sentido de la sentencia, se determinó la invalidez de esta norma publicada el 16 de agosto de 2021, pues se consideró que debe contar con claridad en su redacción para que los destinatarios de la misma puedan comprenderla y se evite que autoridades incurran en arbitrariedades.

Y es que la reforma señala que:

“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de muerte o de las lesiones que estos presenta, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente a cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida de actualización”.

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La Corte determinó que al iniciar el artículo 227 Bis con las palabras “al que”, se abre la posibilidad a que este delito no sea exclusivo de un servidor público, sino que también pueda señalarse a particulares.

El artículo en su segundo párrafo, únicamente abre lugar a que se coloque como agravante el que el presunto infractor sea servidor público.

La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat indicó que al colocar la frase “fuera de los supuestos autorizados por la ley” habla de funcionarios públicos, que tienen la obligación de actuar conforme a lo que se les autoriza en relación a la protección de datos personales que estén bajo custodia.

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En ese sentido, dijo que ello provoca que se excedan los fines perseguidos por el servidor público y se vulnere el principio de seguridad jurídica y de legalidad en cuanto a taxatividad, al integrar las locuciones “al que” y “fuera de los supuestos autorizados en la ley” no derivan en bases objetivas sobre a quién está dirigida esta prohibición.

Explicó que los datos pueden ser usados con fines médicos, de investigación, académicos, periodísticos, pero se impide al destinatario de la norma conocer de manera precisa las acciones que ameritan consumar ese delito y por la cual su conducta puede ser sujeta a sanción penal.

Ríos Farjat dijo que dado que su propuesta es invalidar las frases “al que” y “fuera de los supuesto autorizados por la ley”, y sin ellos el artículo 227 Bis no tiene sentido, se propone la invalidez total del precepto impugnado.

La Corte votó por unanimidad los efectos de la invalidez, por lo que al tratarse de una reforma en materia penal, esta tendrá efectos retroactivos al 17 de agosto de 2021, cuando la modificación al Código Penal mexiquense entró en vigor.