Por ‘estafa hidalguense’, se amparan exfuncionarios de Fayad
Dos de los tres exfuncionarios del gobierno de Omar Fayad solicitaron amparos; a uno de ellos se le negó la protección por contar ya con orden de aprehensión
El desvío millonario que se descubrió en Hidalgo sigue dando de qué hablar. Además de los 13 alcaldes señalados, hay tres exfuncionarios del gobierno de Omar Fayad y tres contralores de universidades. Dos de los colaboradores del exgobernador ya han actuado de forma legal para solicitar amparos.
Se trata de César Román Mora Velázquez, quien fue contralor estatal durante la pasada administración, y Martiniano Vega Orozco, extitular de la Oficialía Mayor. Ambos pidieron protección para no ser detenidos.
El exencargado de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo promovió el amparo en contra de cualquier orden de captura en su contra por parte de una docena de autoridades, entre ellas el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y el director de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales Región Poniente.
Hay que acotar que Mora Velázquez tiene programada una audiencia para el próximo 4 de enero, mientras que Vega Orozco cuenta con un citatorio para el próximo 29 de noviembre.
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En lo que respecta al exoficial mayor, también solicitó protección contra cualquier orden en su contra, sin embargo, se notificó que ya cuenta con una orden de captura, por lo que no procedió su petición.
El otro exfuncionario de Omar Fayad ligado a la “estafa hidalguense” es Víctor Eloy Porra Oaxaca, quien fungió como titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor y, por el momento, no se tiene conocimiento de que haya buscado algún amparo.
Cabe destacar que Mora Velázquez y Vega Orozco solicitaron protección legal unos días después de que se detuvo a los alcaldes de Huautla, Epazoyucan, Nopala y Yahualica por su presunta responsabilidad en este caso. Felipe Juárez, Fidel Arce Santander, Enrique Cadena y Elías San Juan son solo cuatro de los 13 presidentes municipales en funciones a los que el actual gobierno ha ligado al desvío de alrededor 540 millones de pesos a través de una red de corrupción a través de empresas fantasma.
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