Por despojo de terrenos para el AIFA demandan a titular de la Sedatu
CIUDAD DE MÉXICO, 31ENERO2022.- Desde el primer día de 2022, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles (AIFA) inició sus pruebas de operación con 16 controladores de cabina divididos en turnos supervisados por 3 personas una de ellas Ángel Vidal Castro. A menos de un mes de su apertura oficial, la terminal aérea de Santa Lucía inició con las pruebas operacionales de su torre de control. De igual forma, la Sedena indicó que todos los sistemas de la torre ya fueron certificados por la Organización de Aviación Internacional y la Agencia Federal de Aviación (AFA). La torre de control de Santa Lucía contará con un sistema de aproximación que permitirá despegues y aterrizajes simultáneos en todas sus pistas. El aeropuerto contará con tres pistas principales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
/Andrea Murcia Monsivais
El secretario Román Meyer y otras dos funcionarias de la Sedatu fueron acusados ante la FGR por no haber devuelto más de 90 hectáreas donde se construyó el aeropuerto
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón, junto a otras dos altas funcionarias de la Sedatu fueron demandados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto despojo de más de 90 hectáreas de terrenos, valuadas actualmente en 1.2 millones de pesos, en la zona donde se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
De acuerdo con una copia de la denuncia de hechos que este viernes presentaron los abogados del “legítimo dueño” del predio denominado Xaltocan, en Nextlalpan, Estado de México con una superficie de 91.5 hectáreas, dichos terrenos fueron cedidos por la Sedatu a la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de la obra, sin haber pasado por un proceso de expropiación ni pago de su indemnización, pese a tratarse de propiedad privada.
Se trata de las áreas identificadas como Polígono III, fracción B, con una superficie de 902,081 metros cuadrados, con forma de bandera de seis lados, así como el Polígono I, fracción E, con una superficie de 12,886 metros, las cuales fueron cedidas a la Sedena desde abril de 2019 bajo un decreto que convirtió los predios de particulares en propiedad nacional, aunque sin un proceso de expropiación que así los acreditara.
Sin embargo, tanto el titular de la secretaría como sus subordinadas, la directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Dulce María Rodríguez Cervantes, así como la subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Elena Vega Rangel habrían incumplido la sentencia de un juez de Distrito de Amparo, y la ratificación por parte de un Tribunal Colegiado del mismo ordenamiento en el que se instruyó a la Sedatu devolver dichos terrenos o acreditar el pago de la indemnización correspondiente a sus dueños.
Fue el pasado 23 de julio de 2021 cuando se dictó sentencia definitiva en el juicio de amparo 1537/2019, el cual promovió quien se ostenta como legitimo dueño de los predios, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX; y el 26 de mayo de 2022, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó la sentencia, en el recurso de revisión 326/2021.
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Y aunque con fecha del 15 de junio pasado, el juez Quinto de Distrito dictó un auto en el que se ordenó a la Sedatu “en su carácter de autoridad directamente obligada” a cumplir la ejecutoria de amparo, para lo cual le otorgó un plazo de 10 días para remitir las constancias que acreditaran el cumplimiento de la sentencia, es decir que cancelará la inscripción de los terrenos reclamados en los registros públicos, la dependencia a cargo de Meyer Falcón no ha acatado los ordenamientos judiciales.
“En este caso ya se conminó en tres ocasiones a que cumplan y no han cumplido, lo que conlleva a un delito de las autoridades. Es indiscutible que esto lo va a manejar el Fiscal General de la República, esperemos que le dé cabal cumplimiento a la legalidad”, subrayó el abogado Antonio López Mendoza, tras interponer la demanda en las instalaciones de la Fiscalía.
De acuerdo con Rafael Ayala, abogado de los representantes legales del quejoso, el avalúo de los terrenos determinó su valor actual en mil 200 millones de pesos, los cuales habrían sido obtenidos por la Sedatu por un “decreto totalmente doloso y de mala fe”, por lo que hicieron un llamado para que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en el ordenamiento para que el secretario Román Meyer cumpla la sentencia dictada en favor de su propietario.
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