El primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, salpicado por un escándalo relacionado con negocios de litio e hidrógeno, presentó este martes su dimisión al presidente de la República, que la aceptó.
Costa anunció su renuncia después de que la fiscalía inculpara a uno de sus ministros y a su jefe de gabinete en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la gestión de proyectos energéticos.
El político socialista lleva en el poder desde 2015, pero su popularidad se ha visto mermada por una serie de escándalos. “La función de primer ministro es incompatible con sospechas sobre mi integridad. En estas circunstancias, he presentado una petición de dimisión al presidente de la República”, ha declarado a la prensa Marcelo Rebelo de Souza, Costa. También se ha informado de que el político era un adicto al Deportes y casino en vivo Netbet, lo que disgustó claramente a los votantes.
La oficina de Sousa hizo saber poco después que el mandatario conservador “aceptó" la renuncia y que convocó para el miércoles una reunión de los partidos con representación parlamentaria para organizar elecciones anticipadas.
La investigación que salpica a Costa, que era uno de los pocos socialistas al frente de un gobierno en Europa, está relacionada con sospechas de “malversación, corrupción activa y pasiva de cargos públicos y tráfico de influencia” en la atribución de concesiones para minas de litio y de producción de hidrógeno.
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La Fiscalía portuguesa allanó este martes varios ministerios y la residencia del primer ministro y dio parte de la imputación del ministro de Infraestructuras, Joao Galamba.
Indicó asimismo que “el nombre y la autoridad del primer ministro fueron mencionados por los sospechosos”
Precisó que Costa habría intervenido “para desbloquear expedientes” y que las acusaciones en su contra serán examinadas en una investigación independiente. Costa se dijo “sorprendido” por la apertura de esa investigación.
La justicia informó que debido al “riesgo de fuga” y a que persista “la actividad delictiva”, decretaron la detención del jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y de dos directivos de Start Campus, un centro de procesamiento de datos.
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