En Argentina, la agitación persiste, aunque en esta ocasión, el presidente Javier Milei se vio afectado. Y es que su reforma laboral, conocida como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que incluía al menos 300 medidas para desregular la economía, fue suspendida gracias a un amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), la organización sindical más importante del país.
“Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV TRABAJO del Decreto (...) hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”. Con estas palabras, Andrea García Vior, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, fue quien confirmó el freno del decreto de Milei.
El motivo principal, esgrimido por los jueces, fue que no se acreditó la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso, así como implementar el DNU con numerosas e importantes medidas en materia laboral de la forma en que fue presentado.
Al respecto, “el juez Alejandro Sudera citó a la Suprema Corte de Justicia de su país, y dijo que “El Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se halla sujeto al control judicial”.
De esta manera quedó invalidada la reforma que apenas llevaba apenas seis días de haber entrado en vigor. Aunque desde su publicación, la CGT había anunciado que apelaría las medidas, y convocó a una gran marcha en contra del decreto a finales de este mes.
La suspensión de la reforma laboral aún puede ser apelada por el Gobierno argentino, y todavía se considera que está en vigor. Sin embargo, si es rechazada por el Senado y la Cámara de Diputados, puede ser oficialmente derogada.
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