A pesar de los esfuerzos por reducir las agresiones contra personas que ejercen algún tipo de trabajo sexual en la Ciudad de México, datos oficiales revelan que el 64.1% de este grupo ha sufrido algún tipo de violencia relacionada con su oficio, aunque esta cifra se dispara por encima de los 76 puntos cuando se trata de mujeres trans.
Los resultados de la segunda encuesta de trabajo sexual, derechos y no discriminación de la Ciudad de México demuestran que ocho de cada diez sexoservidoras han sido agredidas por elementos de seguridad, lo que convierte a la policía en la institución pública más violenta.
Entre las agresiones que más cometen los cuerpos de seguridad en contra de las trabajadoras sexuales se encuentran detenciones arbitrarias, registros corporales invasivos, amenazas de arresto, chantajes, extorsiones y violencia estatal que criminaliza este tipo de actividad a pesar de estar regulada en la Ciudad de México.
Pero esta tasa es mucho menor que la registrada en otras entidades del país, en donde el trabajo sexual está penado; de hecho, los datos de esta encuesta revelan que cuatro de cada 10 mujeres cisgenero que se dedican a esta actividad viven en el estado de México, pero laboran en la CDMX porque se sienten más seguras.
El informe señala que la mayoría de estas agresiones no son perseguidas, ya que el 87.1% de las víctimas prefiere no denunciar debido al temor de futuras represalias o que su caso no avance de forma correcta; además, los juzgados civiles son la segunda institución con mayor número de reportes de violencia en contra de estas personas con 39 menciones.
Los expertos destacan que “las leyes penales contra el trabajo sexual a menudo sirven para encubrir diversos tipos de violencia. En específico, la que parte de los representantes del Estado compromete el acceso a la justicia y a la protección policial, y transmite la idea de que estas agresiones no sólo son aceptables, sino también socialmente deseables”
Además de las agresiones policiacas, las personas que ejercen este trabajo también deben enfrentar discriminación de los centros de salud públicos, en donde se les niega la atención por su condición laboral o se les expone a procedimientos coercitivos.
