Poder Judicial protege evidencia en caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2022.- Carlos Marín Beristaín, Claudia Paz y Paz, Ángela María Buitrago y Francisco Cox Vial, todos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), expusieron las nuevas investigaciones y resoluciones del tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, una vez que la Comisión para la Verdad por el Caso Ayotzinapa (encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos) rindiera detalles de su respectiva investigación. Las y los expertos declararon que hay evidencia contundente respecto a la relaciones entre autoridades y el crimen organizado. De igual manera, establecieron que no existe una relación con la Fiscalía General de la República (FGR) pues el fiscal Alejandro Gertz Manero no se ha dado a la tarea de recibirles. Exigieron que las autoridades no quiten el dedo del renglón pues a pesar de establecer que los jóvenes fueron asesinado, aún continúan desaparecidos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
/Galo Cañas Rodríguez
La medida se otorgó como parte de una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo presentado por los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas
En una importante decisión legal, el Poder Judicial de la Federación ha emitido una orden para que el Ejército Mexicano no destruya documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
La medida se otorgó como parte de una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo presentado por los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
La demanda de amparo se presentó el 15 de agosto de 2023, alegando que la cadena de mando del aparato de inteligencia militar incumplió un Decreto Presidencial de diciembre de 2018, que ordenaba la colaboración en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Los demandantes argumentaron que este incumplimiento viola el derecho de las familias de las víctimas y de toda la sociedad a conocer la verdad.
Ejército ocultó información, acusan padres
En su demanda, las familias señalaron que el Ejército había ocultado arbitrariamente un número aún desconocido de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, a pesar de que se sospecha que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y el evento del 26 de septiembre de 2014.
Los demandantes responsabilizaron a varias autoridades militares de este ocultamiento.
Como medida cautelar, las familias solicitaron al Poder Judicial que ordene la preservación de la información para evitar su alteración o destrucción.
Además, esperan que una vez que se resuelva el caso en su totalidad, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante utilizando sus facultades en los juzgados de amparo.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda y comenzó a tramitar el juicio de amparo correspondiente bajo el número de expediente 1350/2023.
Inicialmente, se negó la suspensión provisional solicitada por las familias, pero estas presentaron un recurso de queja.
El 1 de septiembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una resolución en el expediente 353/2023, concediendo la suspensión que las familias habían solicitado.
El Tribunal Colegiado destacó que la sociedad tiene un interés legítimo en conocer las circunstancias relacionadas con el caso Ayotzinapa que podrían implicar graves violaciones a los derechos fundamentales.
Por lo tanto, ordenó a las autoridades militares abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información identificada por los demandantes en su demanda.
Ocho años sin justicia
Casi nueve años después de los trágicos acontecimientos en Ayotzinapa, el caso sigue sin resolverse por completo.
A pesar de algunos avances en el proceso, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la decisión de los expertos de concluir su labor señalan que persisten obstáculos, especialmente en las instituciones militares que se han negado a entregar documentos generados por las áreas de inteligencia.
Las familias de las víctimas continúan esperando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Buscan discutir el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso.
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