Persiste la turbulencia en Nuevo León. Desde el Poder Judicial de la entidad neoleonesa se dieron a conocer amenazas e intimidaciones en contra del magistrado Alberto Ortega Peza y el secretario general Miguel Ángel Servando Pruneda González, ambos involucrados en la controversia sobre el gobernador interino.
Fue en un pronunciamiento dirigido a “las y los ciudadanos de Nuevo León” que el Consejo de la Judicatura reveló esta situación.
De acuerdo con lo publicado, tanto el magistrado encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia como el secretario general de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal han recibido “constantes llamadas y mensajes” en los últimos dos días. Esto, se apuntó, con la finalidad de “influir en sus decisiones jurídicas”.
Al respecto, hay que señalar que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ororgó una suspensión para que el gobierno del estado reconozca a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. Fue el miércoles pasado, en medio de un portazo y desmanes en el Congreso que incluyeron el uso de gases lacrimógenos, que los diputados eligieron al vicefiscal como mandatario interino.
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Sin embargo, durante las primeras horas de hoy Samuel García dio a conocer que renunciaba a sus aspiraciones presidenciales para retomar su cargo como gobernador de Nuevo León. Poco después el Congreso del estado refirió que la licencia del emecista, la cual solicitó por espacio de seis meses, sigue vigente.
En medio de este contexto se informa sobre las amenazas e intimidaciones contra el magistrado Ortega Peza y el secretario general Pruneda González. Los dos involucrados en la orden que condicionaba la licencia de García Sepúlveda hasta que Orozco Suárez asumiera como gobernador interino, lo cual se fijó para este sábado con vigencia hasta el 2 de junio próximo.
Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura de Nuevo Léon pidió al mandatario interino “tome las acciones que considere pertinentes para garantizar a toda la ciudadanía que los órganos administrativos no sean usados como medios de control público o de obstrucción a la justicia”.
Además, advirtió que iniciará los procedimientos administrativos para sancionar a quienes resulten responsables de las amenazas contra los dos integrantes de su organización.
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