En medio del clima de polarización en la Cámara de Diputados que tumbó la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la segunda reforma constitucional, ahora en materia electoral.
La reforma presidencial propone cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral (INE) a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y eliminar a los órganos públicos locales que cuestan 13 mil millones de pesos anuales, con lo que este nuevo órgano absorbería todos los procesos electorales del país.
También plantea eliminar los distritos electorales y su estructura electoral distrital, por lo que se conformarán órganos temporales y auxiliares especiales para los periodos electorales.
Con la eliminación de los tribunales locales en materia electoral, “se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absorba las controversias electorales locales del país”, detalla la iniciativa.
La elección de los consejeros y magistrados electorales también cambiaría, con lo que cada poder de la Unión propondría 20 candidatos, quienes realizarán campaña para ser votados por parte de la ciudadanía el primer domingo de agosto de cada seis años, y 10 personas serían propuestas para el caso de magistrados.
El cargo será ocupado por seis años improrrogables, ambos órganos electorales estarían conformados por siete personas.
En tanto, “la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, es decir, se eliminarían 200. El Senado de la República quedaría integrado por 96 escaños, pasando de 128 a 96. Su elección será a través del sistema de listas por entidad federativa”.
Bajo esta premisa, también se plantea reducir el número de diputados en los congresos locales, los cuales deberán oscilar desde los 15 a 45 miembros, por lo que se prevé eliminar 459 curules, y lo mismo sucedería en el caso de las regidurías en los ayuntamientos.
También propone reducir el financiamiento público a los partidos políticos que sólo se mantendría para el gasto de campañas durante procesos de contienda electoral, por lo que deberán “convertirse en instituciones autosostenibles mediante aportaciones legalmente vigiladas”.
Se disminuiría también el espacio destinado a candidatos y partidos en radio y televisión, se plantea destinar 30 minutos diarios en radio y televisión, el 90 por ciento de dicho tiempo se destinará a partidos políticos y candidaturas independientes, y el 10 por ciento restante al INEC.
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, consideró que la reforma intenta perpetuar la permanencia de los aliados de la Cuarta Transformación en el poder, por lo que será votada en contra.
Jorge Romero, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, planteó que analizarán la propuesta legislativa, pero “no permitiremos ninguna reforma que presente un retroceso y ponga en riesgo la democracia”, y adelantó que presentará otra propuesta.