A menos de dos años de que termine su gestión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, el cual incluye metas que resultan inferiores a la situación que se vivía en 2012, último año del gobierno de Felipe Calderón.
El tardío documento sigue responsabilizando a las administraciones anteriores de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, a pesar de que la actual administración ya lleva más de cuatro años en el poder.
“La llamada guerra contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, que se implementó en anteriores administraciones, no mejoró las condiciones de paz y tranquilidad entre los mexicanos; por el contrario, dejó consecuencias desastrosas”, señala.
Sin embargo, las metas que se plantea el PNSP no distan mucho de las condiciones delictivas que había al final del sexenio de Calderón, presidente al que López Obrador responsabiliza de los elevados índices de criminalidad.
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En el indicador sobre percepción de inseguridad, el PNSP estima que para 2024, 70 % de la población considerará que hay inseguridad en la entidad donde vive; dicho porcentaje es inferior al 79 % que había en 2018 (cuando inició el gobierno de la 4T), pero superior al 66 % que había en 2012, último año de Calderón.
Asimismo, el programa estima que para finales de sexenio habrá mil 035 asaltos carreteros, el triple que había en 2018 (311) y 26 % más de los que se registraban en 2012 (819).
En cuanto a personas aprehendidas por delitos contra la salud y lavado de dinero, el PNSP 2022-2024 estima que para el último año del actual sexenio habrá 47 detenidos, cuando en 2018 hubo 84 y en 2012, último año de Calderón, hubo 111 aprehensiones por este delito.
El programa de seguridad contempla 12 objetivos estratégicos, entre los que se encuentran percepción de inseguridad, personas detenidas inscritas a programas de reinserción social, riñas en penales, robo de hidrocarburos, certificación de policías estatales y municipales, y aprobación del trabajo de la Guardia Nacional. El documento que, se supone, debe regir la estrategia de seguridad, no considera indicadores como incidencia delictiva, homicidios, feminicidios, secuestros ni personas desplazadas o desaparecidas.
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