Con el fin del periodo en el cargo de cuatro de sus 11 integrantes cerca, incluido el consejero presidente Lorenzo Córdova, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer un análisis sobre el impacto que la serie de reformas compactadas en el Plan B tendrán en el sistema electoral y el “juego democrático”, y que por su “potencial desapego a la Constitución” serán impugnadas por este órgano.
De un total de seis reformas que forman parte de este Plan B electoral, dos ya han sido aprobadas, siendo estas la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las cuales fueron avaladas al filo del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados en diciembre pasado. El resto de las iniciativas se encuentran actualmente en el Senado.
Estas dos disposiciones ya han sido impugnadas. Primero por las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD. En un segundo paquete, este miércoles diputados y senadores de oposición presentaron dos nuevas impugnaciones en contra de estas reformas, señalando que el gobierno federal busca cambiar las reglas del juego en beneficio de Morena y sus candidatos.
Los recursos fueron presentados, por la alianza Va por México de la Cámara de diputados y por el bloque de contención del Senado. Al promover ambas acciones de inconstitucionalidad, los legisladores pidieron a la Suprema Corte invalidar ambas disposiciones al considerar que sus modificaciones son violatorias del federalismo, la libertad hacendaria y la equidad en los procesos electorales.
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Sobre esta reforma, consejeras y consejeros advirtieron que este paquete de reformas significa un “atentado en contra del INE” que usa como pretexto la austeridad para desmantelar la estructura nacional, técnica, operativa, de organización, de capacitación, de comunicación, vigilancia y de arbitraje del órgano electoral, poniendo en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades que la Constitución le confiere.
Las afectaciones señaladas por los consejeros van desde la reducción de las cuotas mínimas en materia postulación de candidaturas para grupos vulnerables, la reestructuración de la base encargada de los procesos electorales, la vulneración de los trabajos de fiscalización y la posibilidad de que funcionarios realicen promoción de campañas.
Lorenzo Córdova advirtió que la reforma “afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano, en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza”, pues se trata de un intento por mejorar el sistema electoral sin consensos ni uso de diagnósticos objetivos sin filias ni fobias.
Uno de los puntos medulares, es la reestructura organización del INE, que a decir del consejero Jaime Rivera es como una “amputación” de los órganos distritales y la “mutilación” de Juntas Locales y direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
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De acuerdo con el consejero, con esta modificación se suprimen los brazos ejecutores de las atribuciones del INE y “equivale a impedir que el INE cumpla sus atribuciones y su obligación de organizar elecciones eficientes, limpias, transparentes y de resultados en plena certeza”.
El Instituto enfatizó que con la eliminación de Juntas Locales se pone en riesgo la actualización del Padrón Electoral, mientras que al desaparecer los vocales de capacitación daña tareas de enseñanza de los 12 millones de personas que son llamadas a integrar las Mesas Directivas de Casilla.
Con la desaparición de Justas Ejecutivas Distritales y las afectaciones a Juntas Ejecutivas Locales, el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se verá afectado, pues se plantea la reducción de mil 564 integrantes en órganos desconcentrados y fusión de algunas plazas, así como mantener sólo 396 plazas de un total de 2 mil 571 de la estructura del sistema INE.
Esto llevaría a plantear la sustitución de personal profesional por trabajadores temporales, dando paso a personal que no es contratado bajo estrictos apegos de selección como lo es el concurso público.
Otro punto central de la reforma, y que forma parte de las modificaciones que ya entraron en vigor, es lo referente de la Ley General de Comunicación Social, en la cual se estableció un nuevo concepto de lo que es propaganda gubernamental, impregnándole un matiz de tipo presupuestal.
Como parte de las reformas no se considera propaganda a la promoción que se realice si esta no está etiquetada presupuestalmente como tal, a lo que se suma la permisividad para que funcionarios puedan pronunciarse a favor o en contra de candidatos durante las campañas electorales.
