El llamado “PIN parental” representa un ataque a los avances constitucionales en materia de derechos humanos que se lograron en 2011 con los artículos 1 y 4, este último que establece el interés superior de la niñez sobre cualquier otro.
Desde que el Estado mexicano firmó la Convención de Derechos de los Niños de la ONU en 1989, se obligó a reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos, para dejar de verles como “objetos de protección”, es decir, superar la vieja idea romana de considerarles inferiores y “objetos de propiedad familiar”.
›Por ello, permitir un retroceso en el artículo tercero constitucional discriminaría a millones de niñas, niños y adolescentes por su condición de edad al imponer visiones religiosas de las personas adultas, negarían la autoprotección que necesitan para defenderse de la violencia sexual y seguirían alimentando las culturas machistas que sustentan las violencias contra las niñas y mujeres.
Con argumentos falaces y pervirtiendo el sentido del derecho a la educación estos grupos de ultra derecha pretenden engañar a la ciudadanía sobre el importante rol de madres y padres de familia en la educación de sus hijos, que cómo lo establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
El derecho a la educación es universal buscando el desarrollo personal, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Las mamás y papás pueden elegir los modelos educativos públicos o privados, horarios, estilos más innovadores o los tradicionales. El enfoque y currículo es competencia exclusiva de la Secretaría de Educación Pública federal, que está obligada a promover un Estado laico, la educación sexual y la lucha contra la desigualdad de las niñas. De tal forma que pretender censurar los contenidos curriculares al deseo arbitrario de sus tutores adultos sería un acto discriminatorio que podría dejarles en desventaja frente a otros niñas y niños, afectando con ello su desarrollo, autonomía progresiva e interés superior de la niñez protegida por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En mayo pasado lograron incluir en la Ley de Educación de Nuevo León algunos preceptos religiosos como “la defensa de la vida desde la concepción” o “la muerte natural”, además de intentar una modificación a la constitución del Estado para incluir “el derecho de los padres” a decidir sobre el derecho a la educación de niñas y niños. El intento falló por un amplio rechazo de personas jóvenes, organizaciones y legisladoras que frenaron esta iniciativa. Además del pronunciamiento explícito de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Unicef, Unesco y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH) porque la iniciativa de reforma representaba detrimento del orden constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano.
Sin embargo, la fragilidad del Estado Mexicano está siendo aprovechada por estos grupos antiderechos humanos, jerarquías religiosas y legisladores alimentados por la ultraderecha española VOX, para atacar el orden constitucional del país, al presentar iniciativas de reforma a las leyes de educación o reformas constitucionales de varios Estados. El pasado 20 de mayo se aprobó en silencio, sin debate público, reformas a la ley de educación del Estado de Aguascalientes, que ya fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Están en comisiones otras iniciativas similares en los Congresos de Baja California, Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México.
México es un país diverso en sus culturas y expresiones sociales y también en sus infancias. Aquí una de cada tres personas son menores de 18 años de edad; casi 40 millones de ciudadanas en el campo y las grandes ciudades.
›La gran mayoría de niñas, niños y adolescentes tienen garantizado el derecho a la educación a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero en diversos momentos se ha reformado el artículo tercero constitucional, en la presente administración se realizó un segundo intento de reforma educativa, que logró actualizar el carácter laico y científico de la educación basada en los derechos de niñas y niños.
Hemos transitado de los libros con la imagen de la madre patria hacia nuevas didácticas pedagógicas, contenidos universales y muy importante el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En pleno siglo XXI el oscurantismo se abre paso provocando rumores, estimulando el machismo resentido y alimentando la religiosidad con claros tintes político electorales. Van reconstruyendo discursos viejos como ganchos para amplios segmentos de población excluidos e inconformes con sus gobiernos. Así van llegando a los congresos locales, espacios de gobierno y puestos políticos con acceso a presupuesto público para promover sus dogmas religiosos.
Una de las expresiones más recientes es VOX, un partido político de reciente surgimiento que ha merecido en Europa el rechazo generalizado por sus posiciones machistas, xenófobas y fascistas a favor del franquismo. Este grupo de ultraderecha creó el concepto del llamado “PIN Parental” en una similitud con los software de “administración de contenidos” busca establecer que las personas adultas puedan impedir que niñas, niños y adolescentes reciban información científica y laica sobre educación sexual y desigualdades de género en el sistema educativo.
* Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
