De forma “definitiva” y con una “aproximación imparcial”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá pronunciarse en torno a la creación de una comisión de la verdad del caso Ayotzinapa, sostuvieron familiares de las víctimas y organizaciones civiles, luego de que este miércoles el magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial de Tamaulipas declaró que es imposible jurídicamente la creación de este mecanismo extraordinario para indagar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
A través de un pronunciamiento suscrito por Servicios y Asesoría para la Paz A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de familiares de las víctimas del también conocido caso Iguala, acusaron que en el fallo del magistrado del Tribunal Unitario tamaulipeco “toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
Esto en referencia a que el pasado 4 de junio, Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas ordenaron la creación de una comisión de investigación para la justicia y la verdad en reposición de la investigación del caso Ayotzinapa, al advertir en su resolución la existencia de “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
No obstante, la decisión del magistrado Sabino Pérez García dada a conocer este miércoles determina que el ministerio público es quien tiene la facultad para investigar y perseguir los delitos, por lo cual no es posible crear dicha comisión, por lo que en su pronunciamiento sostuvo: “se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la comisión de investigación para la verdad y la justicia y las facultades concedidas en la investigación de delitos de dicha comisión”.
La resolución fue calificada por las organizaciones civiles como “lamentablemente” por el hecho de que el Tercer Tribunal “sucumbió a esta inusitada presión del gobierno federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”. Aunado a ello hicieron el llamamiento al pronunciamiento de la SCJN, el cual señalaron en el comunicado “ojalá que lo haga de manera imparcial”.
“Los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un poder judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, acusaron las OSC.
Este martes se dio a conocer, de acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los recursos de revisión extraordinarios interpuestos por varias instancias oficiales sobre la desaparición de los 43 normalistas
