Más de cien organizaciones civiles solicitaron al presidente francés, Emmanuel Macron, abordar durante su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, la “alarmante situación” que atraviesa México en materia de Derechos Humanos e impunidad. En una carta abierta difundida en redes sociales, los signantes pidieron a Macrón que en su encuentro programado con su homólogo mexicano este jueves 6, en el marco de su visita a París, se promueva el respeto de los derechos humanos con sus países aliados, como lo es México.
Recuerdan que en los últimos 10 años el país ha experimentado un aumento acelerado en los índices de violencia e impunidad, además de que el despliegue del ejército para realizar labores de seguridad pública “ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces”.
A su vez, exponen los saldos que ha dejado esta estrategia de seguridad:
- Más de 150 mil homicidios intencionales
- 77 denuncias por ejecuciones extrajudiciales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
- Más de 8 mil casos de tortura
- Mil 207 denuncias por tortura cometidas por militares.
- Más de 30 mil personas desaparecidas
- Más de 300 mil desplazados internamente a causa de la violencia
Las organizaciones denuncian que también la población migrante en tránsito se ha visto afectada, documentando al menos tres masacres de migrantes, con 314 víctimas.
Muestran preocupación por la permanecia de violencia y discriminación contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, así como la violencia cometida contra niños y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral.
Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes”.
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Alarma en especial a las organizaciones, los niveles de violencia alcanzados en el año en curso, pues recuerdan que en lo que va de año, la Unión Europea han llamado públicamente al gobierno de México más de una decena de veces a esclarecer los asesinatos en contra de activistas sociales y periodistas.
Es importante destacar, que las agresiones a personas defensoras y periodistas, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas.
De igual forma alertaron por el impulso de leyes o iniciativas tendientes a la restricción de derechos humanos como la Ley de Seguridad Interior y la llamada “miscelánea penal” –que representa una regresión para los avances hacia un sistema acusatorio- mientras que reformas estructurales y necesarias para combatir la corrupción y la impunidad, como la consolidación de una Fiscalía General de la República autónoma y la ley contra la desaparición forzada, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión.
Ante esto, las organizaciones realizaron cinco solicitudes puntuales a Macron que incluyen:
- Instar al Jefe del Estado mexicano a emprender soluciones estructurales y duraderas para que sus instituciones combatan la impunidad prevaleciente en México y que exista una transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los fondos que el gobierno de Francia y el que otros gobiernos europeos proporcionan para apoyo técnico al gobierno mexicano en temas de procuración de justicia.
- Promover el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al Gobierno de México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular, la que se refiere al establecimiento de un Consejo Asesor contra la Impunidad.
- Promover, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un diálogo respecto de la situación de violaciones a derechos humanos en México, con miras a plantear soluciones estructurales e integrales.
- Solicitar al Gobierno mexicano que garantice amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta, participación y evaluación de la sociedad civil en políticas públicas y otros temas relacionados con derechos humanos.
- Promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.