Organizaciones civiles venezolanas solicitaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se abstenga en la próxima votación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), y vote a favor de mantener con la operación de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en el país sudamericano por otros cuatro años.
El informe Florecer en el abismo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destaca que los abusos de fuerzas estatales en contra de estudiantes, líderes sindicales y otras voces disidentes se han frenado desde que la misión de la ONU fue instaurada en este país, por lo que removerla sería un “importante retroceso para esta incipiente democracia”.
Funcionarios de esta organización destacaron la posición clave que tiene México como líder de la región, así como la importancia del voto de los representantes del gobierno de López Obrador durante la sesión 51 de este consejo que arrancará el próximo 13 de septiembre.
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Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, señaló durante la presentación de este informe que “nos preocupa la progresiva restricción del espacio cívico en Venezuela y otros países latinoamericanos como Brasil, Nicaragua y El Salvador, así como a narrativa desde el poder que criminaliza la labor de las organizaciones de la sociedad civil y las prácticas del gobierno que buscan restarles autonomía”
Uzcátegui resaltó que la polarización que actualmente se vive en gran parte del continente no parte de la separación entre las ideologías de derecha o izquierda, sino de los gobiernos que son democráticos y aquellos que son autoritarios.
El venezolano hizo énfasis en que Latinoamérica atraviesa un periodo en el que la democracia se está “erosionando”, y que la región se enfila a seguir una tendencia de gobernantes que “ahogan las libertades y obstaculizan el ejercicio de los derechos”, por lo que recalcó la importancia de sumar voluntades para detener este deterioro.
Los autores hicieron un llamado al gobierno mexicano “para que apueste también por la mejora de los derechos humanos y al regreso de la democracia en Venezuela”, en donde se han documentado de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y secuestros políticos que tienen una alta posibilidad de quedar impunes.
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea, indicó que “lo que está en juego en septiembre es que continúe el trabajo de la Misión. Si México vota a favor se solidariza con el pueblo venezolano, pero si vota en contra le da la espalda”.
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