Piden anular consulta por recursos ilegales y proselitismo
PRD denuncia intervención en el proceso de participación ciudadana de simpatizante de Morena a través de su asociación civil
El juicio de inconformidad para la anulación del proceso de revocación de mandato se basa en el financiamiento ilegal de propaganda con recursos públicos y la intervención proselitista del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios.
De acuerdo con el juicio de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), denuncia que la asociación civil Que Siga la Democracia, dirigida por la simpatizante morenista Gabriela Jiménez, intervino en el proceso de participación ciudadana, lo que contraviene al artículo 35 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Así como el uso de recursos de procedencia ilícita o públicos que violenta los artículos 1, 14, 16, 35 y 116 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el expediente 151/2021.
“Constituyendo una práctica sistemática llevada a cabo de manera planeada y con el despliegue de millones de pesos en su estructura y despliegue a nivel nacional, estructura constituida por funcionarios y exfuncionarios morenistas, que desplegaron a nivel nacional promoción de la revocación de mandato a favor del Ejecutivo federal”,
El PRD también cuestionó el costo de la campaña, exhibió que Óscar Trasviña pagó 416 mil 225 pesos por colocar 29 espectaculares; Eduardo Rodríguez, gastó 186 mil 959 pesos por 12 anuncios; y Angela Miramón, 64 mil 148 pesos por tres más.
“Resulta poco probable que un ciudadano o cientos de ciudadanos… tengan la capacidad económica para realizar un gasto de esa dimensión” y relacionó que los recursos erogados fueron otorgados por Morena.
El segundo agravio invocado es la intervención masiva de López Obrador y parte de su gabinete legal; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; gobernadores, legisladores, alcaldes y otros servidores, en difundir y promover dicho proceso, que violenta el Artículo 41 de la Constitución.
En el proceso de revocación de mandato se interpusieron 188 quejas, 171 atendidas por la vía de procedimiento especial sancionador, cinco ordinarios sancionadores y 12 cuadernos de antecedentes.
De ellos, 146 fueron por propaganda contraria a la norma; 17 por violación al artículo 134 de la Constitución; cuatro por uso indebido de la pauta y de datos personales; y ocho por inconsistencias en la recolección de apoyos de la ciudadanía.
Señalamiento. Según la denuncia del PRD, se violentó la Constitución, pues el partido Morena estaría financiando espectaculares para la consulta sobre la revocación de mandato.
