En México no existe un diagnóstico de la situación en la que viven las mujeres presas por delitos de drogas, ni siquiera se conoce el número exacto de cuántas son extranjeras o indígenas. Se trata, según la organización feminista Equis, del eslabón más débil que ha generado la “guerra contra las drogas”, la cual ha dejado casi 240 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos en la última década.
Para Ana Pecova, directora de Equis, agrupación que se ha enfocado en proponer políticas públicas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, que ellas permanezcan en prisión por temas relacionados con las drogas es un síntoma de que no ha funcionado la política de prohibición ni la estrategia de seguridad. El “impacto negativo y diferenciado” convierte a ese sector social en el más viable para obtener la amnistía planteada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Las mujeres y la amnistía es uno de los principales temas en la agenda de la próxima VII Conferencia Latinoamericana y la II Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas (Confedrogas), que se realizará en nuestro país los próximos 29, 30 y 31 de octubre, en los que se pretenden visibilizar las complejas condiciones en las que viven las mujeres acusadas o que fueron condenadas por delitos relacionados con narcóticos, considerándolas los “eslabones más bajos de las redes delictivas y mano de obra fácilmente reemplazables”, pues la mayoría de ellas es explotada como narcomenudistas o mulas.
“Muchas de las mujeres son primodelincuentes (delinquen por primera vez) y la mayoría no han sido detenidas por delitos violentos; son muy buenas candidatas para amnistías, pero nos parece importante poner sobre la mesa la necesidad de buenas políticas de reinserción.
“Si no ha cambiado en nada el contexto que las empujó a involucrarse en esas actividades, pues qué bien que salgan de prisión, pero tenemos que pensar en las políticas que acompañen esas amnistías para crear programas, más desarrollo, más oportunidades laborales, más inclusión”, detalló Pecova, quien además de ser parte del comité organizador de la Confedrogas, también será ponente.
En entrevista con ejecentral, la activista especializada en temas de investigación y transparencia sostiene que si hubiera un análisis preciso de los casos, podrían generarse las políticas públicas necesarias para garantizarles una verdadera reinserción, y de esta manera podrían ser las primeras candidatas a la amnistía que el Presidente electo planteó.
Un problema “invisible”
“¿Cómo mejorar algo que no se conoce?, plantea Ana Pecova al referirse a la inexistencia de un diagnóstico de las mujeres presas por delitos de drogas en México y la región de Latinoamérica, así como del impacto que su encierro implica en lo personal y en su entorno familiar y social, en consecuencia, sostiene: “la reinserción no existe ni en México ni en toda la región”.
Pero aseguró que como parte del último estudio que realizó Equis sobre la problemática, fue evidente que las autoridades penitenciarias del país no cuentan con la información necesaria de las internas que llenan sus cárceles, pues desconocen datos tan básicos como la cantidad de internas, cuántas de ellas son indígenas, cuántas extranjeras, aquellas que padecen alguna incapacidad o las mujeres trans.
“En Chiapas o Oaxaca predomina la población indígena. Hay muchas mujeres indígenas que no hablan ni siquiera español y se supone han firmado declaraciones, ahí te reportan que sólo tienen cinco indígenas, en la Ciudad de México reportan que sólo tienen una y Sonora reportó 15 personas. Eso no coincide con la realidad”, apuntó la especialista.
¿Cómo abordar el problema desde una perspectiva de género?
“Nos importa mucho y aceptamos ser la contraparte local, es justo para señalar ese impacto diferenciado sobre grupos con las mujeres y buscar soluciones a lo mismo. Vamos a buscar de manera transversal en toda la agenda del espacio (Confedrogas). Nos importa particularmente cómo hacer que se oiga la voz de las mujeres o las comunidades directamente que han sido afectadas por esas políticas”.
El 43% de los ingresos de mujeres a la cárcel en México corresponde a delitos contra la salud por el fuero federal. De 2016 a la fecha el registro de mujeres encarceladas por el delito de narcomenudeo aumentó en más de 103 por ciento. Más allá de las estadísticas que reflejan no sólo el caso mexicano, sino el de la región de América Latina, la petición de Equis es que las autoridades conozcan y entiendan los casos en lo particular.
“La mayoría (de las mujeres presas) cae por narcomenudeo y ahí es muy interesante saber ¿por qué ha crecido tanto el número de mujeres en prisión por eso delitos?, no es una respuesta sencilla, es una combinación de distintos factores: pobreza, falta de oportunidades son algunos motivos, pero también es que la actual política es perseguir esos delitos en nuestro sistema de justicia”, señaló.
Si bien hay menos mujeres usuarias, también enfrentan mayor estigma y castigos. Es mayor la carga de que tú salgas como una mujer con problemas de adicción y qué impacto va a tener, muchas pierden la custodia de sus hijos, es todo el estigma entre la comunidad y las mismas familias, no hay quien las apoye.
Aterrizar acuerdos
“La transición abre la puerta a algunos procesos que fueron tabú en la administración anterior. Por primera vez se habla de despenalización de las drogas, por primera vez estamos hablando de amnistías, estamos señalando el impacto desproporcionado que esas políticas han tenido sobre las mujeres, sobre las comunidades y creo que es muy importante que se dé este espacio”, lanzó Pecova.
En esa intención, señaló la también consultora, es que además de los foros y discusiones abiertas para compartir experiencias respecto a la aplicación de amnistías o la regulación de drogas en países como Colombia, Uruguay, Canadá o California, Estados Unidos, se buscará un “espacio cerrado” con legisladores para plantearles las propuestas, los motivos e identificar las buenas prácticas en el contexto mexicano.
