Familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes, exigieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluir este caso en las comisiones por la verdad.
En el octavo aniversario de la tragedia, la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, expresó que una comisión de la verdad debe ser para todo el país, por lo que pidió incluir el caso de los migrantes asesinados en San Fernando.
Bajo ese mismo argumento continuó Bertila Osorio, integrante del Comité de Familiares y madre de un joven asesinado en Tamaulipas, quien además pidió al gobierno mexicano facilitar los trámites burocráticos para acceder a la justicia, debido a que obtener la visa es complicado por las trabas que estos ponen.
Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazaron la impunidad sobre el caso de los 72 migrantes latinoamericanos masacrados en 2010 en México, un caso por el que nadie ha sido condenado.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. En la matanza, ocurrida en el rancho de San Fernando, murieron ciudadanos de Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil que habían sido secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Según autoridades mexicanas, los migrantes fueron asesinados por integrantes del sanguinario cartel Los Zetas porque rechazaron integrarse a sus filas. Para Erika Guevara, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional, los migrantes siguen siendo víctimas de una violencia que viene desde el Estado y sufren los peores horrores, como secuestros, trata, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero sobre todo el hecho de que no se puede garantizar que estos actos tan atroces no se vuelvan a repetir. México indemnizó el miércoles en Quito a un sobreviviente de la masacre y a las familias de cinco ecuatorianos fallecidos, por montos que no fueron revelados por razones de seguridad. Procesos parecidos de reparación se siguen con las víctimas de los otros países, aunque no se ha llegado a acuerdos. Con información de AFP JGH
