A unos días de cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, condenó la filtración de la información que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).
Datos registrados en el informe sin testar comenzaron a circular en diversos medios de comunicación, lo que a decir del funcionario “perjudica la investigación y abre paso a la impunidad”.
“Solicito a la FGR que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”, señaló el subsecretario recordando que en todo momento se debe preservar el “interés superior de las víctimas”.
El funcionario añadió que es una acción absolutamente irresponsable y una falta de respeto para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Las filtraciones se registran a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió transparentar los nombres que aparecen en los documentos, y de que la FGR “perdonó” a los militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, solicitando la suspensión de 16 órdenes de aprehensión.
Las revelaciones del caso Ayotzinapa
El informe reconstruye los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En dicha reconstrucción se expone por primera vez, y a detalle, la participación de militares, que, como reveló el periodista Raymundo Riva Palacio, fueron detenidos el pasado 15 de septiembre.
Entre estos elementos castrenses se encuentran el Coronel y hoy General Brigadier preso, José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, quien estaba al frente de esa zona militar de Iguala.
Así como el Capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
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En el informe, se revelan diversos mensajes que habrían sostenido los actores materiales de la desaparición forzada y, como lo adelantó el periodista, se detalla que los jóvenes habrían sido asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, cuyos cuerpos fueron desmembrados y disueltos en ácido y otros en fosas ubicadas en Iguala y Huitzuco.
“Encinas identificó a Abarca como la persona que dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2013, que presuntamente habían ido a Iguala a sabotear un evento político de su esposa. Según el subsecretario, el exalcalde había actuado en colusión con la banda criminal de Guerreros Unidos y con otras autoridades en diversos órdenes de gobierno. Seis de los que sobrevivieron, dijo en otro momento, fueron asesinados por órdenes del entonces coronel José Rodríguez, comandante del 27 Batallón de Infantería, ubicado en esa ciudad.”, publicó el Raymundo Riva Palacio en su columna “Cruje Ayotzinapa”.
En tanto, los familiares de los
43 normalistas
aseguraron que desconocen el contenido del expediente sin testar.
Desde el mitin que mantienen en el Monumento a la Revolución señalaron que dicho documento debe ser revisado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Centro ProDH rechaza denuncia contra juez
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se unió a la condena de la filtración del contenido del informe de la Covaj y externaron su preocupación por la cancelación de algunas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Recordó que ante las filtraciones a quien debe indagarse es a las autoridades que actúan con irresponsabilidad, y generan confusión y dolor, y no a la prensa.
Además, rechazaron la denuncia en contra del juez Samuel Ventura, quien ha sido quien ha emitido órdenes de absolución contra más de 120 involucrados en el caso.
“No acompañamos la pretensión de denunciar penalmente a jueces por las recientes absoluciones. Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”, apuntaron.
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