MARÍA IDALIA GÓMEZ | @Gosimai

Ante las violaciones graves cometidas por las fuerzas federales en Apatzingán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió que se investiguen a todos los responsables del operativo y las pesquisas, y eso incluye al ex comisionado Alfredo Castillo y su equipo.

De acuerdo con la investigación, la Policía Federal (PF) ejecutó extrajudicialmente a una persona, cinco más fallecieron a consecuencia del uso excesivo que hizo de la fuerza, atropellaron y mataron a un civil y tardaron 48 minutos en brindar apoyo médico a los heridos, lo que provocó la muerte de uno de ellos.

La CNDH también documentó que la misma PF, golpeó “indebidamente” a por lo menos cinco detenidos, quienes fueron capturados junto con otras cinco personas, que no tenían relación con los hechos. Además, los agentes mintieron en los informes oficiales que rindieron y tampoco preservaron la escena donde ocurrieron los hechos violentos, lo que impidió por ahora a la CNDH concluir si se alteraron o no las pruebas.

El máximo organismo defensor de los derechos humanos emitió una recomendación en la que exige a la Comisión Nacional de Seguridad que investigue administrativamente a sus elementos y presente una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). El documento también incluye al Ejército, al gobierno de Michoacán y a la presidencia municipal de Apatzingán.

Las investigaciones no sólo deben considerar a los agentes que fueron desplegados para el operativo del 6 de enero pasado -en donde murieron 10 civiles, uno de estos atropellado; 18 resultaron lesionados, dos de ellos policías federales, y dejó 44 personas detenidas, aunque el juez posteriormente liberó a 37-, la CNDH consideró que deben investigarse a todas las personas que participaron, incluso los mandos y funcionarios de alto rango, como el entonces comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.

“Sobre Alfredo Castillo, respecto a la información, precisamente nosotros estamos pidiendo y no deslindamos a nadie de responsabilidades, se tiene que investigar qué pasó en ese operativo”, respondió a pregunta expresa el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Es que el decreto de creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, estableció como objetivo “ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden y la seguridad en el Estado de Michoacán y su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública de dicha entidad federativa.”

Cabe recordar que el entonces comisionado tras los hechos violentos, ofreció una conferencia de prensa y varias entrevistas a medios, en las que aseguró, entre otras cosas, que no se violaron los derechos de las personas y justificó que los hechos violentos de Apatzingán fueron resultado de un ataque contra los agentes federales.

Sin embargo, la CNDH este miércoles derrumbó parte de esa defensa, al demostrar que varias de las personas que murieron no portaban armas de fuego, sólo algunas de ellas tenían palos, y los agentes federales, del Ejército y de la Procuraduría de Justicia del estado, sí incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos.

Primeras cinco horas

El 6 de enero de este año, alrededor de las 2:34 horas un total de 44 policías federales y 287 elementos del Ejército, llevaron a cabo un operativo en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, porque les fue reportado que se encontraba un grupo de personas armadas, de acuerdo al parte informativo que rindieron. Esta acción concluyó alrededor de cinco horas después.

Fue en este momento en que una persona fue atropellada en el estacionamiento ubicado al costado del Palacio Municipal de Apatzingán, el responsable sería el que conducía una patrulla de la Policía Federal. En este caso hasta los peritos que hicieron la necropsia cometieron irregularidades y la Procuraduría del estado no entregó ni al organismo ni a PGR las fotos de la autopsia. Por todo ello, la Comisión exigió la investigación de los hechos.

Tanto la Policía Federal como el Ejército, explicó el primer visitador Ismael Eslava Pérez, consumaron detenciones arbitrarias, contra 35 personas, que posteriormente fueron puestas en libertad por el juez. En este caso, el organismo también exigió la investigación a PGR determine si fueron legales o no esas capturas y, en su caso, para que deslinde responsabilidades.

La Comisión determinó que en estas cinco horas también fueron lesionadas “innecesariamente” ocho personas, dos de ellas acusaron a militares, cinco a Policía Federal y la última a ambas instituciones. También se deberá indagar.

Segundo momento

Entre las 7:46 y las 11:31 horas, estableció la CNDH, se dio un segundo evento violento en Apatzingán, durante el cual los efectivos federales cometieron las violaciones graves a los derechos humanos.

En este momento, especificó el organismo, surgió un enfrentamiento entre personal de la Policía Federal y miembros de “autodefensas”, con los tripulantes de una camioneta Pick-Up color blanca.

En esas casi cuatro horas murieron nueve personas, tres de ellas de la camioneta Pick-Up blanca tipo RAM, cinco tripulaban una camioneta Acadia color negro y una personas más en un restaurante y que después apareció a las afueras del Hospital General. Tres civiles, uno menor de edad, resultaron heridos por arma de fuego y los agentes aseguraron 9 vehículos, entre ellos la camioneta blanca con 70 impactos, y la Acadia negra con 44.

La CNDH documentó que la Policía Federal ejerció un excesivo uso de la fuerza porque de las cuatro personas muertas y que no tenían armas, una presentaba 27 disparos, dos de ellas tenía siete impactos cada una y la última víctima ocho impactos.

“Existen diversos testimonios que refieren que los tripulantes de la camioneta Acadia solo traían palos que levantaron las manos en señal de rendición, que gritaron que no los mataran y que no estaban armados”, se establece en la Recomendación.

Una de las víctimas presentó una herida producida por los disparos en el muslo derecho, cuando se encontraba sobre el piso y el atacante estaba atrás de él y de pie.

Y otra de las personas asesinadas a causa de los disparos de la PF se había resguardado en el interior de un restaurante, y no hay evidencia que estuviera armada y participara en el enfrentamiento con los agentes.

“Se investiguen las responsabilidades de quienes tuvieron participación en estos hechos violatorios a derechos humanos, nosotros no estamos deslindando a nadie en la investigación, quienes tienen que acreditarnos las responsabilidades administrativas y la responsabilidad penal son las autoridades de contraloría y la PGR tratándose de los elementos federales, tendrá que investigar el grado de responsabilidad de los participantes en ese operativo”, detalló Gonzales Pérez.

Heridos, escena y pruebas

Cuatro personas de la Pick-Up blanca que resultaron heridas recibieron atención médica hasta 48 minutos después, por parte de paramédicos de la PF y de Protección Civil del municipio. Los cuatro sufrieron choque hipovolémico, por las hemorragias producidas por los disparos que recibieron, y en un de los casos no pudo ser revertido y murió.

Como estaba en el lugar en el que ocurrieron todos los hechos violentos, la PF sólo acordonó la zona, pero no la preservó. Y un agente del ministerio público y un perito no conservaron la cadena de custodia.

“Estamos pidiendo que se hagan las investigaciones correspondientes por la indebida preservación del lugar que no permitió a este organismo saber con detalle si hubo esa alteración o no de los hechos”, señaló el organismo.

Se le preguntó al ombudsman nacional ¿qué tanto puede impactar en una investigación de esta magnitud el que no se protegiera la escena?

“Desde luego cualquier inadecuada preservación de lugar de los hechos, afecta cualquier investigación, por eso lo estamos señalando y estamos pidiendo que se investigue esa responsabilidad y que precisamente a través de la investigación ministerial se puedan obtener, a partir de declarar el conjunto de elementos que participaron mayores datos que permitan acercarnos a ese conocimiento”, respondió González Pérez.

Por si fuera poco, los peritos médicos forenses del estado cometieron omisiones en 10 necropsias y a dos de las víctimas les modificaron los nombres.

Es por eso que la CNDH también pidió a las autoridades resarcir el daño causado a las víctimas y sus familiares.

Obstáculos

LA CNDH explicó cuáles fueron algunos de los obstáculos que debieron enfrentar durante las investigaciones

*Contradicción de testimonios de quejosos, agraviados y testigos que fueron entrevistados por visitadores adjuntos en cuanto a tiempo, modo y lugar.

*Algunos de los informes rendidos por la CNS presentan imprecisiones respecto a las circunstancias de tiempo y modo en las que se llevó a cabo el operativo.

*La CNS y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, no remitieron los audios de los equipos de radiocomunicación “Radio Matra”, utilizados por elementos de la PF durante los hechos

*El levantamiento de 10 cuerpos y los dictámenes de necropsias, presentan discrepancias entre lo descrito por perito médico y por el Agente del Ministerio Público del fuero común. La CNDH observó que no coinciden las lesiones descritas al exterior y las lesiones de las cavidades de los cuerpos.

*Peritos de la PGJEM incurrieron en error en la identificación de dos cadáveres, sus nombres se encuentran invertidos.

La CNDH emitió una recomendación a Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, al Gobierno de Michoacán de Ocampo y a la Alcaldía de Apatzingán a colaborar en la investigación para precisar qué sucedió durante el desalojo que elementos de la Policía Federal efectuaron a un grupo que había tomado la presidencia municipal aquel 6 de enero.

“Este Organismo nacional reitera que la conformación de grupos de autodefensas en diversos municipios del estado de Michoacán, que decidieron encargarse de la seguridad de la población frente a la creciente delincuencia, inseguridad y violencia en que se vieron esas comunidades son resultado del abandono y la omisión de las autoridades de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en materia de seguridad pública que han generado espacios de impunidad”.

Aseveró que el surgimiento de los grupos de autodefensa en esta y otras entidades federativas denota un sistema de seguridad pública insuficiente, cuerpos policiacos e instancias de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia.